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Dos personas están siendo juzgadas por un esquema delictivo que habría perjudicado a múltiples víctimas en Salta. Utilizando documentos falsificados con sellos y membretes de instituciones estatales, habrían engañado a ciudadanos prometiéndoles el acceso a viviendas del Instituto Provincial de Vivienda (IPV) a cambio de importantes sumas de dinero.
La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó esta mañana ante la Sala 3 del Tribunal de Juicio que Daniela Alejandra Espinosa Paredes sea condenada a siete años de prisión como autora de 14 hechos de falsificación de instrumento público y 14 hechos de estafa. También pidió una pena de tres años y medio de prisión para Sebastián Cruz, acusado como partícipe necesario en 13 hechos de estafa. El juez Pablo Farah está a cargo del proceso judicial.
Según la investigación, Espinosa Paredes y Cruz se hacían pasar por funcionarios públicos o aseguraban tener contactos en el IPV para gestionar adjudicaciones de viviendas en el barrio Pereyra Rozas. Para convencer a sus víctimas, entregaban documentación falsificada con sellos y firmas apócrifas como constancia de pago, garantizando que la adjudicación de las viviendas estaba asegurada y que el trámite se completaría en breve.
Cruz, según las denuncias, actuaba como intermediario de un supuesto empleado del IPV, quien, en teoría, facilitaba las adjudicaciones. Las víctimas debían abonar grandes sumas de dinero y, como parte de la maniobra, se les ofrecía acceso al Plan Conectar, que incluía calefones y cocinas, exigiéndoles pagos adicionales.
La estrategia de los acusados incluía proporcionar un número de teléfono que, supuestamente, pertenecía a un funcionario del IPV. En realidad, el contacto era utilizado por Espinosa Paredes. En cada caso investigado, el dinero era entregado a un cadete, quien supuestamente lo remitía a la entidad estatal. Posteriormente, las víctimas recibían carpetas con documentación apócrifa que reforzaba la credibilidad de la maniobra.
Los informes de la Unidad de Investigación de UDEC confirmaron el fraude y determinaron la falsedad de los documentos presentados por los acusados. Con este juicio en curso, las víctimas esperan justicia, mientras las autoridades investigan si existen más personas involucradas en la estafa.