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Con un nuevo capítulo cargado de tensión y expectativa, este martes se reanudó en Salta el juicio contra los cinco acusados de integrar la estructura local de Generación Zoe, la firma acusada de montar un esquema de estafas que dejó más de un centenar de víctimas en la provincia. En esta jornada, Ricardo Vilardel, uno de los imputados, rompió el silencio por primera vez en el debate y aseguró ante el tribunal que es “totalmente inocente” y que él y su familia fueron víctimas de difamaciones.
Vilardel, acusado de haber sido el responsable de la firma en Salta, habló por primera vez en el debate oral y aseguró que es “totalmente inocente”, al igual que sus familiares. Declaró sin someterse a preguntas de las partes y apuntó directamente a Leonardo Cositorto, de quien dijo haber recibido “órdenes” pero nunca haber tomado decisiones propias dentro de la organización.
Manifestó que deseaba aclarar las cosas porque “con el tiempo todo se distorsionó y los hechos se malinterpretaron”. Admitió que el daño económico existió, pero subrayó que él y su familia no tuvieron que ver con las propuestas de inversiones, los robots y la Zoe Cash que ofrecía la empresa. Eran modelos de negocios que ya habían sido creados por la compañía”, aclaró. Aseveró que nunca tomó decisiones y que siempre cumplió órdenes de Cositorto.
En ese sentido, reconoció que hubo “incumplimiento de contrato” y admitió que las acciones de la organización ocasionaron un daño económico a los inversores.
Según su testimonio, tanto él como su hermano fueron empleados de Zoe y actuaban como soporte administrativo, sin conocimientos financieros ni capacidad de decisión. Aseguró que su vínculo con la empresa comenzó en 2017, cuando atravesaba ataques de pánico y asistió a una capacitación en coaching dictada por Cositorto en Salta. Desde entonces, se formó en la plataforma de la firma, accedió a becas y, en 2019, comenzó a ofrecer cursos por comisión.
Durante la pandemia, relató que abrió una dietética junto a su esposa, pero continuó vinculado a Zoe por medio de grupos de WhatsApp, donde escuchaba sobre nuevas propuestas de inversión, criptomonedas y franquicias. Fue recién en 2021, tras vender una camioneta, cuando decidió invertir dinero propio, convencido —según dijo— de que Zoe era un holding legal, con respaldo en inmuebles y un crecimiento sostenido.
“La oficina de Salta se cerró por orden de Leonardo, pero la empresa siguió trabajando virtualmente. El 7 de marzo reabrimos y yo siempre respondí los mensajes de los damnificados”, dijo.
También explicó que su esposa y su hermana comenzaron a colaborar en la oficina local por la demanda creciente de inversores, aunque insistió en que fue Cositorto quien autorizó esa incorporación.
En paralelo, los denunciantes que declararon hoy continuaron relatando cómo fueron convencidos de invertir y cómo se cortó toda comunicación con los referentes locales cuando comenzaron los conflictos judiciales en Córdoba.
La causa acumula 118 hechos de estafa y cargos por asociación ilícita, con cerca de 120 víctimas en Salta. Además de Cositorto y Vilardel, están imputados tres colaboradores más que habrían operado desde la sucursal local.
El juicio está a cargo de los jueces Martín Pérez, Javier Aranibar y Leonardo Gabriel Feans, mientras que la acusación es sostenida por la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio.
El debate continuará en los próximos días con nuevas declaraciones de damnificados y testigos, en un proceso que se prevé extenso y de alta repercusión.