inicia sesión o regístrate.
La sexta jornada del juicio contra veinte personas acusadas de integrar una red narcocriminal que operaba desde la Unidad Carcelaria 1 dejó un giro inesperado: uno de los funcionarios del penal, actual subalcalde, fue detenido en plena audiencia.
El hecho se produjo mientras declaraban ocho oficiales del Servicio Penitenciario Provincial y un perito informático del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) sobre los mecanismos de control en el ingreso al penal y el sistema para otorgar beneficios a internos. Según informaron, el subalcalde, que durante el período investigado se desempeñaba como jefe del Pabellón A1, respondió con evasivas ante las preguntas de la Unidad Fiscal sobre un pedido del acusado Sergio Moya para que un interno obtuviera el beneficio de extramuros.
En tres oportunidades, el Tribunal de Juicio —integrado por Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar— le recordó que declaraba bajo juramento y que, además, es funcionario público. Su falta de respuestas concretas llevó a que fuera demorado y luego quedara detenido para su comparecencia posterior.
El proceso continuará este martes 12 de agosto con la declaración de diez testigos más, mientras el subalcalde detenido deberá volver a responder ante el Tribunal.
Los testimonios del juicio
Tres de los efectivos fueron consultados acerca de la insistencia de uno de los imputados –subjefe del departamento de Seguridad Externa- para que se le otorgue el beneficio de extramuro a un interno en particular. A uno de los testigos, el pedido le pareció “fuera de lo normal”. Otro mencionó que “no era común” que un jefe o subjefe pidiera cupo para un reo puntual. El procedimiento debía iniciarse con una nota del interno dirigida al jefe de pabellón.
El tercer testigo consultado sobre esta situación irregular cumplía funciones como encargado del área de mantenimiento de la Guardia Externa. Dijo que solo el encargado de pabellón podía consultar por los cupos del beneficio de extramuro. No obstante, señaló que en una oportunidad uno de los subjefes imputados le pidió que le diera trabajo a un interno. Primero le dijo que era familiar suyo y después, que era un vecino. Adujo que si bien no era la vía reglamentaria, “era costumbre” que algunos funcionarios jerárquicos consultaran acerca del beneficio de extramuro para ciertos internos.
Otra de las testigos, que en 2021 era jefa del área de Atención al Ciudadano, respondió acerca de un episodio puntual registrado por las cámaras del penal donde se observa a un efectivo ingresar tres cajas de pizzas. La funcionaria dijo que es normal que la comida entre tanto por el área a su cargo como por la Guardia Externa. Dijo que en este último sector, los envoltorios son requisados y pasan por un scanner.
Luego declaró una agente que en 2022 trabajaba como administrativa en la Dirección de Régimen Correccional. Afirmó que en una oportunidad otro de los funcionarios acusados – personal del sector de Sanidad- le consultó sobre el beneficio de extramuro para uno de los internos. El trámite había sido devuelto porque el reo no cumplía con el requisito de conducta y concepto. No obstante, el acusado le insistió aduciendo que el reo era “primo de un amigo del barrio”. La testigo sostuvo que el pedido de extramuro solo podían hacerlo los encargados de pabellón.
Falencias en el control penitenciario
La jornada también expuso graves falencias en el control penitenciario: testimonios que revelaron la falta de capacitación del personal para detectar drogas en el ingreso, scanners fuera de servicio y autorizaciones informales para que funcionarios ingresen alimentos.
Además, se conocieron detalles sobre intentos de obtener beneficios extramuros para internos sin reunir los requisitos legales, así como irregularidades en el manejo de materiales y compras para talleres.