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El ex concejal Pablo López, de la Libertad Avanza, fue imputado por distintos delitos cometidos en un contexto de violencia de género contra su ex pareja. El fiscal penal 4 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Esteban Martearena, le atribuyó la comisión de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en dos hechos, privación ilegítima de la libertad agravada también en dos hechos, y concusión.
La investigación se originó a partir de la denuncia presentada por su ex pareja, quien aseguró que los episodios de violencia se repitieron de manera sistemática a lo largo de varios años, desde 2019 hasta 2025. La mujer relató situaciones de agresiones físicas, psicológicas, económicas y sexuales, tanto en el plano personal como en el laboral, ya que existía además un vínculo de trabajo con el acusado.
Declaraciones, informes y registros
El fiscal Martearena explicó que hasta el momento se reunieron elementos probatorios suficientes para sostener la imputación, entre ellos declaraciones testimoniales, informes interdisciplinarios y registros de conversaciones que corroboran la denuncia. No obstante, advirtió que en relación a los hechos sexuales denunciados todavía se espera la producción de nuevas pruebas, entre ellas pericias forenses, análisis de dispositivos electrónicos y la ampliación de testimonios, lo que permitirá definir con mayor precisión la calificación legal de los hechos.
Se negó al examen psicológico
Durante la audiencia de imputación, el acusado se presentó con su abogado defensor, se abstuvo de declarar y no dio consentimiento para la realización de un examen psicológico. La Fiscalía continuará con la etapa de investigación penal preparatoria, en la que se producirán más pruebas y se determinará si corresponde ampliar los cargos en su contra.
El caso refleja la complejidad de las investigaciones por violencia de género, donde suelen convivir distintos tipos de agresiones y resulta necesario un abordaje interdisciplinario para acreditar los hechos.
La denuncia da cuenta de un entramado de violencia prolongada en el tiempo, que combina aspectos físicos, psicológicos, económicos y sexuales, lo que refuerza la necesidad de sostener medidas de protección a la víctima mientras avanza el proceso judicial.