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Antes de quedar detenido en el módulo de alto perfil de Villa Las Rosas por una causa federal de presunto narcolavado, Carlos Alfredo "Conejo" Martínez obtuvo y mantuvo el arresto domiciliario en un expediente provincial pese a las objeciones de la fiscalía. Las decisiones fueron adoptadas por el juez de Garantías N.º 1 de Orán, Raúl Fernando López, y confirmadas por Guillermo Akemeier, del Tribunal de Impugnación.
Cuando el exintendente de Aguas Blancas fue condenado en diciembre de 2025 a un año y dos meses de prisión efectiva, la pena se dio por cumplida con el tiempo de detención acumulado, durante el cual había permanecido principalmente en una vivienda.
La Unidad Fiscal integrada por Mariana Torres, Carlos Salinas y Daniela Murúa había cuestionado la valoración de sus antecedentes y el riesgo de que interfiriera en la investigación desde su domicilio. Fuentes vinculadas con el expediente señalaron a El Tribuno que los planteos incluyeron elementos obtenidos del teléfono de Martínez: pedidos para presionar a un testigo y para que terceros interceptaran e intimidaran a otra persona.
Causa provincial
Martínez fue detenido el 24 de septiembre de 2024 junto con el abogado Roberto Ortega Serrano. La investigación se centró en el acceso a información reservada de la causa por el asesinato de César "Oreja" Martínez, hermano del entonces intendente, acribillado en 2023.
La acusación atribuyó al entonces juez de Garantías N.º 2 de Orán, Claudio Alejandro Parisi, haber facilitado información sobre medidas judiciales. Esas advertencias habrían permitido anticiparse a allanamientos y secuestros de teléfonos, eliminar evidencias e influir sobre testigos. Parisi fue posteriormente destituido y quedó imputado. Las resoluciones que concedieron y mantuvieron la domiciliaria de Martínez fueron dictadas por López y Akemeier.
Primer arresto
El 10 de octubre de 2024, López rechazó el pedido fiscal de prisión preventiva efectiva y concedió a Martínez arresto domiciliario con consigna policial fija en Aguas Blancas.
Uno de los fundamentos cuestionados por la fiscalía fue el tratamiento de la condena a cinco años de prisión por transporte de estupefacientes que Martínez había recibido en 2013. Según una fuente consultada, el juez consideró que habían transcurrido los diez años necesarios para la caducidad del antecedente, mientras que los fiscales sostuvieron que ese plazo no se había cumplido.
El 16 de octubre, la Unidad Fiscal recurrió la decisión. Además del cómputo del antecedente, planteó que la domiciliaria no neutralizaba el peligro de entorpecimiento y cuestionó que se cumpliera en una vivienda frente a la Municipalidad de Aguas Blancas, en plena zona fronteriza.
Presiones denunciadas
La objeción fiscal también se apoyó en el análisis del celular del exintendente. Según explicaron a El Tribuno, del dispositivo surgían pedidos a un abogado para presionar a un testigo y a terceros para interceptar e intimidar a otra persona. Para la fiscalía, esos elementos mostraban que Martínez tenía capacidad para interferir en la investigación aun estando en su casa. La apelación, indicaron los consultados, no se limitaba a señalar la gravedad de los delitos investigados, sino que exponía conductas concretas que podían afectar la producción y conservación de las pruebas.
Medida suspendida
El 18 de octubre de 2024, ocho días después de conceder la domiciliaria, López suspendió la medida y ordenó el traslado de Martínez a la sede de Infantería. La decisión respondió a un informe policial que señaló irregularidades en el inmueble, entre ellas visitas durante la madrugada y la falta de presentación de la persona propuesta como garante. También se advirtieron dificultades para ejercer un control adecuado en la zona fronteriza. La defensa presentó luego otro domicilio y nuevas condiciones para solicitar que se restableciera el arresto domiciliario.
Nuevo domicilio
El 5 de noviembre, López reanudó la medida en una vivienda de Orán. María Cristina Flores, hija de Martínez, fue aceptada como garante. La resolución estableció consigna policial fija, restricciones de visitas y supervisión de la Dirección de Inserción Social. También contempló la evaluación de la factibilidad técnica de vigilancia electrónica. Las visitas quedaron limitadas a los jueves y sábados, de 16 a 19. Con esas condiciones, Martínez volvió a permanecer detenido en un domicilio particular.
El 15 de enero de 2025, Guillermo Akemeier, juez de la Sala V del Tribunal de Impugnación, rechazó la apelación fiscal y confirmó la reanudación de la domiciliaria. Según la información aportada a El Tribuno, el recurso se tramitó ante la Vocalía I de la Sala I, cuya titularidad corresponde a Rubén Arias Nallar, pero terminó siendo resuelto por Akemeier. Su intervención habría respondido a una cobertura interina durante la feria judicial.
La resolución consideró que la consigna policial, la garante personal, las restricciones de visitas y los controles eran suficientes para neutralizar los riesgos procesales sin disponer el alojamiento en una cárcel.
Pena cumplida
En diciembre de 2025, Martínez acordó un juicio abreviado y fue condenado por violación de secretos y entorpecimiento de acto funcional a un año y dos meses de prisión efectiva y cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Admitió haber recibido y compartido información confidencial de la investigación por el asesinato de su hermano. También reconoció haber influido sobre testigos y eliminado datos de dispositivos para entorpecer las pesquisas. La pena de prisión se dio por cumplida con el tiempo de detención acumulado. Durante ese período había permanecido principalmente bajo arresto domiciliario, aunque también estuvo detenido antes de obtenerlo y fue trasladado a Infantería cuando la medida se suspendió.
La nueva causa federal volvió a poner bajo investigación una posible advertencia sobre procedimientos judiciales. Según fuentes consultadas, la orden de los 32 allanamientos salió el viernes 2 de octubre a las 15 y los operativos comenzaron el sábado por la mañana. Cuando las fuerzas llegaron a buscar a Martínez, ya no estaba. Se sospecha que habría escapado durante la madrugada. El parte fiscal difundido después de su entrega sostuvo que el exintendente contó con información previa sobre los allanamientos. La presunta filtración permanece bajo investigación.
Martínez se presentó el miércoles por la tarde en una comisaría de Orán. Al día siguiente, el juez federal de Garantías Gustavo Montoya lo imputó como presunto jefe de una asociación ilícita con fines de lavado de activos de origen delictivo y dispuso dos meses de prisión preventiva.
Detención federal
La defensa volvió a solicitar domiciliaria, esta vez con argumentos relacionados con su salud y con intervenciones quirúrgicas en la cabeza. Montoya consideró insuficiente el certificado presentado, que tenía cuatro meses de antigüedad, y requirió documentación actualizada.
Para resolver la detención, el magistrado valoró la fuga anterior a la entrega, los vínculos de Martínez con Bolivia, sus conexiones políticas y sus antecedentes judiciales. También tuvo en cuenta su conocimiento de la zona fronteriza y las posibilidades de sustraerse del proceso.
Durante la audiencia, Montoya expresó su desacuerdo con que algunos de los otros imputados hubieran quedado en libertad, aunque aclaró que no podía imponer medidas más severas que las solicitadas por la fiscalía. También diferenció el grado de probabilidad requerido para formalizar una investigación de la certeza necesaria para dictar una condena.
La fiscal general adjunta Mariana Gamba Cremaschi solicitó que Martínez fuera alojado en el módulo de alto perfil de la Unidad Carcelaria 1 de Villa Las Rosas, inaugurado el 16 de agosto. Explicó que no había cupo en el Servicio Penitenciario Federal y que había conseguido una plaza en el establecimiento provincial. Montoya aceptó el destino y ordenó el traslado.