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Cuando se pone la lupa en el historial de Carlos "Conejo" Martínez, exintendente de Aguas Blancas, resurgen llamativas medidas, incluso desde dentro de la Justicia, que lo terminaron beneficiando. Ahora, por una causa federal por presunto narcolavado, está en Villa Las Rosas, porque no había cupo en un complejo federal. Pero sus antecedentes son de larga data.
Antes de obtener la prisión domiciliaria en octubre de 2024 y de que su condena provincial se diera por cumplida en diciembre de 2025, Martínez había quedado en el centro de otra disputa judicial. Durante los primeros meses de 2024, la Fiscalía buscó secuestrar y analizar su teléfono, pero encontraron negativas y demoras del juez de Garantías de Orán Francisco José Oyarzú. Esas decisiones forman parte del pedido de destitución por mal desempeño promovido por el procurador general Pedro García Castiella.
Las resoluciones de Oyarzú dificultaron el acceso al dispositivo que luego aportó pruebas centrales sobre la circulación de información reservada en la investigación del asesinato de su hermano César "Oreja" Martínez, ocurrido en noviembre de 2023.
Como publicó ayer El Tribuno, los jueces Raúl Fernando López y Guillermo Akemeier intervinieron sobre las condiciones de detención de Martínez, en su casa. Los cuestionamientos a Oyarzú apuntan a las medidas para reunir evidencia, cuando comenzaban a aparecer indicios sobre el acceso del entonces intendente a información confidencial.
Tras el apartamiento del entonces juez Claudio Alejandro Parisi de la causa por el homicidio, el expediente pasó al juzgado de Oyarzú.
La Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte solicitó nueve allanamientos y el secuestro de teléfonos. Según los antecedentes incluidos en la acusación por mal desempeño, Oyarzú rechazó tres procedimientos, entre ellos uno sobre un inmueble atribuido a Martínez en Aguas Blancas. También denegó el secuestro de su celular personal.
Francisco José Oyarzú intervino en la investigación del asesinato de César "Oreja" Martínez tras el apartamiento de Claudio Parisi.
La Procuración cuestionó que el magistrado descartara la hipótesis fiscal y elaborara una explicación propia para desvincular al entonces intendente de las sospechas. Los investigadores contaban con denuncias e indicios sobre su posible acceso a información reservada.
Ante la negativa, los fiscales recurrieron a las facultades de urgencia previstas en el Código Procesal Penal para incautar el teléfono y apelaron la resolución.
Pericias demoradas
La obtención del dispositivo no terminó con las dificultades. Según el planteo de la Procuración, Oyarzú demoró casi cuatro meses las autorizaciones para extraer datos de los teléfonos secuestrados.
Entre las exigencias cuestionadas figura el requerimiento de conocer previamente la posición del imputado sobre la apertura del dispositivo. La acusación sostiene que eran condiciones sin respaldo legal que postergaban una medida urgente.
La Procuración atribuye al juez casi cuatro meses de demora en autorizar la extracción de datos de los dispositivos. Pidió que sea destituído.
También atribuyó al juzgado demoras de semanas en tramitar y elevar las apelaciones fiscales, lo que obligó a presentar pedidos de pronto despacho.
La Sala III del Tribunal de Impugnación intervino mediante resoluciones del 20 de marzo y del 28 de mayo de 2024. Según los antecedentes reseñados, revocó decisiones de Oyarzú, ordenó avanzar con allanamientos y pericias y dispuso su apartamiento. La revisión cuestionó las dilaciones y el "excesivo prurito" aplicado a las solicitudes fiscales.
Mensajes reveladores
El análisis del celular de Martínez permitió recuperar mensajes de WhatsApp enviados por el abogado Roberto Ortega Serrano. Según la investigación, le transmitía informes confidenciales y advertencias sobre allanamientos provenientes del juzgado de Parisi.
La causa atribuyó a Martínez y al abogado la utilización de esa información para anticiparse a medidas judiciales, eliminar evidencias e influir sobre testigos. Los hallazgos dieron sustento a la investigación por violación de secretos y entorpecimiento de acto funcional, por la que el exintendente terminó condenado.
La fiscalía solicitó nueve allanamientos y el secuestro de teléfonos para avanzar sobre el entorno de la víctima. No hizo lugar a los pedidos.
Las fuentes consultadas señalaron que allí radica la importancia de las decisiones cuestionadas: el teléfono cuyo secuestro Oyarzú había rechazado contenía evidencia relevante sobre las presuntas filtraciones.
El pedido de destitución también menciona que el magistrado había reconocido, en otras actuaciones, un vínculo de íntima amistad y padrinazgo con Ortega Serrano. La Procuración incorporó esa circunstancia a sus cuestionamientos.
De las libertades revocadas a la domiciliaria sostenida: el camino
La presentación del procurdor Pedro García Castiella reúne, además, decisiones adoptadas en otras causas. Uno de los puntos es el criterio de Oyarzú para considerar vencidos los pedidos fiscales de prisión preventiva: según la acusación, exigía que ingresaran antes de las 13 del día de vencimiento, sin admitir las horas de gracia del siguiente día hábil. La Procuración atribuyó a ese criterio al menos once decisiones de libertad en causas por homicidios, abusos sexuales y narcotráfico, posteriormente corregidas por el Tribunal de Impugnación.
También cuestionó diferencias en los tiempos de respuesta a la fiscalía y a las defensas. En la causa por el robo a la empresa Abra del Sol, señaló demoras en autorizar pericias telefónicas y, a la vez, la rápida concesión de salidas comerciales a Dimas José "Oso" Ruiz, sin intervención previa del Ministerio Público Fiscal.
El Oso Ruiz tiene pendiente un juicio provincial por ese robo y también fue imputado en la actual investigación federal por presunto narcolavado.
Después de la detención de Martínez, en septiembre de 2024, López le concedió arresto domiciliario en Aguas Blancas. Suspendió luego la medida por irregularidades informadas por la Policía y la reanudó en noviembre, en una vivienda de Orán, con una garante, consigna policial y restricciones de visitas.
En enero de 2025, Akemeier rechazó la apelación fiscal y confirmó la reanudación. La fiscalía había cuestionado el cómputo de una condena anterior por transporte de estupefacientes y advertido sobre riesgos de entorpecimiento. Según fuentes consultadas por El Tribuno, del teléfono de Martínez surgían pedidos a un abogado para presionar a un testigo y a terceros para interceptar e intimidar a otra persona.
En diciembre de 2025 fue condenado en juicio abreviado a un año y dos meses de prisión efectiva y cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La pena de prisión ya se dio por cumplida en su casa.
Preso en otra causa
Martínez quedó esta semana alojado en el módulo de alto perfil de Villa Las Rosas por un expediente federal distinto. El jueves 8 de octubre, el juez Gustavo Montoya lo imputó como presunto jefe de una asociación ilícita con fines de lavado de activos de origen delictivo y dispuso dos meses de prisión preventiva.
La investigación de la Procunar NOA y la Procelac sostiene que la supuesta organización habría utilizado sociedades y contrataciones de la Municipalidad de Aguas Blancas para dar apariencia legal a fondos provenientes del narcotráfico y el contrabando. Primero se fugó y luego se entregó.