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Un abogado de 56 años, oriundo de Haedo, partido de Morón, fue imputado en Orán por el transporte de 32 kilos de cocaína y quedó detenido con prisión preventiva por un mes. El hombre, identificado por sus iniciales D.G.G., ya cuenta con una condena previa por narcotráfico.
La investigación está a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada Orán y comenzó el sábado 3 de octubre, luego de un procedimiento policial que terminó con el hallazgo de la droga en una camioneta abandonada a orillas de un río, en la localidad de Isla de Cañas.
La imputación fue formalizada el miércoles pasado por el fiscal federal Marcos Romero, titular de la sede fiscal, durante una audiencia ante la jueza federal de Garantías de Tartagal, Ivana Hernández. También participaron por el Ministerio Público Fiscal el auxiliar fiscal Luis Francisco Valencia y la instructora Analía Cabral Castellanos.
La alerta al 911
La causa se inició alrededor de las 15.30 del sábado 3 de octubre, cuando una mujer que trabaja en la vía pública se comunicó con el 911 para alertar sobre un episodio ocurrido en inmediaciones de las calles Alvear y Alberdi, en la ciudad de Orán.
Según su relato, varias personas que se movilizaban en una camioneta de alta gama habrían abordado a un hombre utilizando armas de fuego, lo habrían obligado a subir a otro vehículo y luego se habrían dirigido hacia la ruta nacional 50.
El sistema de monitoreo de cámaras de seguridad permitió establecer que los involucrados se desplazaban en dos camionetas: una Volkswagen Amarok y una Toyota Prado.
A partir de ese seguimiento, efectivos policiales se dirigieron hacia la ruta provincial 18, en dirección a Isla de Cañas. Luego ingresaron por un camino alternativo que conduce hacia un río de la zona.
Allí encontraron la Volkswagen Amarok con el motor encendido y las puertas abiertas. En el asiento trasero había dos bultos que contenían varios paquetes.
Posteriormente, el contenido fue sometido a las pruebas correspondientes y se determinó que se trataba de 32 kilos de cocaína.
El abogado llegó tres minutos después
La investigación tuvo un nuevo giro apenas tres minutos después del hallazgo. Los policías observaron llegar a la zona a la Toyota Prado, que provenía del sector del río.
El vehículo era conducido por el abogado, quien fue detenido en el lugar.
Durante la inspección de la camioneta también fueron secuestrados dos teléfonos celulares. Además, los investigadores detectaron un corte en el piso del vehículo, a la altura del tanque de combustible, un elemento que quedó incorporado a la causa.
Qué dijo el abogado ante la Justicia
Tras la imputación, D.G.G. realizó un descargo y negó tener relación con los 32 kilos de cocaína encontrados en la Amarok.
El hombre explicó que desde hacía varios años viajaba a Orán y Aguas Blancas y que cruzaba hacia Bolivia para comprar celulares y otros artículos destinados a la reventa.
Sobre el día del procedimiento, sostuvo que había viajado hasta la zona para encontrarse con una persona detenida en el Complejo Penitenciario Federal NOA III, en General Güemes. Antes de hacerlo, según su versión, había decidido comprar teléfonos celulares para revender.
El acusado también vinculó lo sucedido con un supuesto ajuste de cuentas relacionado con un negocio inmobiliario que no llegó a concretarse. Afirmó que una persona conocida del lado boliviano de Bermejo pretendía comprar una vivienda de tres pisos en el barrio porteño de Liniers y que le había solicitado una presentación legal para asumir la posesión del inmueble.
Según su relato, la operación se frustró después de que la persona que transportaba los 70.000 dólares acordados fuera víctima de un robo. El supuesto comprador lo habría responsabilizado y amenazado con atacarlo si regresaba a Orán.
La hipótesis del supuesto secuestro
El abogado aseguró además que el episodio denunciado inicialmente al 911 estaba relacionado con esa disputa. Según su versión, cinco personas armadas y encapuchadas lo habrían golpeado, amenazado de muerte y llevado hacia la zona del río.
También sostuvo que sus presuntos captores amenazaron con incendiar su camioneta mientras él permanecía en su interior y que finalmente cruzaron el río y se retiraron sin explicarle el motivo.
La fiscalía cuestionó distintos aspectos de su relato y señaló que presentó contradicciones sobre algunos tramos del recorrido y sobre lo ocurrido en las inmediaciones del lugar donde fue encontrada la droga.
Prisión preventiva por un mes
El fiscal Romero sostuvo que las características del procedimiento, la cantidad de droga secuestrada y los antecedentes del imputado justificaban mantenerlo privado de su libertad. También planteó la existencia de riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
La defensa cuestionó la imputación, sostuvo que el hombre había sido víctima de un secuestro y pidió que, en lugar de permanecer detenido en una unidad penitenciaria, se le concediera el arresto domiciliario.
La jueza federal de Garantías de Tartagal, Ivana Hernández, rechazó el planteo y dispuso la prisión preventiva por un mes.
La defensa impugnó la resolución y el planteo fue revisado posteriormente por la Sala II, integrada por los jueces Mariana Catalano, Alejandro Castellanos y Ernesto Solá. Allí volvió a sostenerse que el abogado no tenía vinculación con la droga y que había sido víctima de un secuestro.
La fiscalía se opuso nuevamente al arresto domiciliario y remarcó que todavía existen medidas de prueba pendientes, entre ellas el análisis de los teléfonos celulares secuestrados.
Finalmente, el tribunal confirmó la prisión preventiva por un mes, mientras continúa la investigación para determinar cómo se organizó el traslado de la cocaína y cuál habría sido la participación del acusado.