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Tres personas privadas de la libertad se encuentran internadas en hospitales públicos y otras ocho permanecen en aislamiento sanitario preventivo, según informó el Servicio Penitenciario de Salta en un comunicado sobre las medidas adoptadas frente a casos de tuberculosis. Por su parte, la fiscal penal de Derechos Humanos, Claudia Geria, inició de oficio actuaciones para establecer la situación sanitaria en los centros de detención.
La intervención fiscal se originó en publicaciones periodísticas que alertaban sobre un presunto brote. Las medidas buscan verificar la existencia de casos, conocer las condiciones de las personas afectadas y reunir documentación médica. Las actuaciones están en una etapa inicial y todavía no permiten confirmar la existencia ni la magnitud de un brote.
El Servicio Penitenciario informó que trabaja con el Ministerio de Salud Pública en la aplicación de protocolos preventivos. Las tres personas hospitalizadas reciben tratamiento farmacológico específico y monitoreo clínico continuo. Además del aislamiento de otras ocho personas, se dispusieron actividades diferenciadas y controladas para quienes mantuvieron contacto con los casos detectados, mientras se completan los estudios.
Un informe sanitario
Geria requirió a las secciones masculina y femenina de la Alcaidía General y a las unidades carcelarias 1 y 4 que presenten, en un plazo de 24 horas, un informe sanitario. Deberán precisar si durante el presente semestre se registraron diagnósticos confirmados de tuberculosis y si hay personas aisladas por presentar síntomas compatibles con la enfermedad.
La fiscal también citó para hoy al encargado del Departamento de Sanidad de la Unidad Carcelaria 1 y a un profesional médico que presta servicios en el ámbito penitenciario. Ambos deberán brindar declaración testimonial.
Proteger a la población carcelaria
En paralelo, solicitó la intervención del Cuerpo Especial de Investigadores (CEI) para identificar a las personas detenidas hospitalizadas por tuberculosis, obtener sus historias clínicas y recopilar datos que permitan citar a sus familiares, además de otra documentación pertinente.
La Fiscalía dispuso que las diligencias se realicen con las medidas necesarias para proteger al personal interviniente y evitar la propagación de la enfermedad.
Desde el Servicio Penitenciario señalaron que el seguimiento sanitario y la coordinación con los equipos de salud buscan reducir el riesgo de transmisión y proteger a la población penitenciaria y a quienes pudieron haber tenido contacto con los casos registrados.