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La causa por el asesinato de María Leonor Giné, conocida como Tita, tuvo un nuevo capítulo judicial en Salta. A más de seis años del crimen, el Tribunal de Impugnación resolvió elevar a prisión perpetua la condena de Agustín Morales, su nieto, al considerar que la mató con el propósito de sustraerle dinero para comprar drogas.
La resolución, fechada el 19 de octubre de 2026, hizo lugar parcialmente al recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal contra la sentencia dictada en agosto de 2021, cuando Morales había sido condenado a 19 años de prisión por homicidio agravado por el vínculo, con circunstancias extraordinarias de atenuación.
En esta oportunidad, los jueces incorporaron la agravante de criminis causae, al entender que el homicidio estuvo conectado con la intención de cometer otro delito: apoderarse del dinero de su abuela. De esta manera, la calificación quedó como homicidio agravado por el vínculo y criminis causae, en concurso real con la violación de las medidas sanitarias vigentes durante la pandemia de coronavirus.
Un crimen ocurrido durante la pandemia
El asesinato ocurrió el 27 de marzo de 2020 en el departamento donde Giné, de 70 años, vivía en calle Belgrano al 900, en pleno centro de la ciudad de Salta. Morales, que entonces tenía 20 años, residía circunstancialmente con ella debido a sus problemas de adicción.
El cuerpo fue encontrado al día siguiente, cuando familiares de la mujer se acercaron al edificio porque no lograban comunicarse con ella. Al advertir que el nieto se había llevado el vehículo de su abuela, comenzaron a buscarlo y lo encontraron circulando por la ciudad junto a Federico Leonardo Detzel.
Cuando regresaron al departamento e ingresaron con una de las hijas de la víctima, encontraron a Giné sin vida en la cocina, con múltiples heridas provocadas con un cuchillo. Durante el juicio se informó que había recibido más de 30 puñaladas.
La investigación también reconstruyó los movimientos de Morales mediante cámaras de seguridad y testimonios. El joven declaró durante el juicio que no recordaba lo ocurrido el día del crimen y describió su consumo de pasta base, alcohol y psicofármacos. Sostuvo que atravesaba un grave problema de adicción y que había perdido la noción de sus actos.
La última llamada y las discusiones por dinero
Uno de los elementos que reconstruyó las horas previas al asesinato fue la última comunicación telefónica de Tita Giné con una de sus hijas. A las 19.51 del 27 de marzo, la mujer llamó a María Fernanda para consultarle sobre el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que había gestionado su nieto.
Durante esa comunicación, Morales también habló con su tía para averiguar cómo acceder al beneficio. Según el relato publicado durante el juicio, después de esa conversación se produjo una discusión entre el joven y su abuela.
El conflicto estaba atravesado por los pedidos de dinero y el consumo de drogas. En su declaración, Morales afirmó que quería salir a consumir y que su abuela no se lo había permitido. También reconoció que utilizaba para comprar estupefacientes parte del dinero que ella le daba.
Los testimonios incorporados al proceso describieron una relación familiar en la que Giné había intentado ayudar a su nieto, aunque también buscaba poner límites a sus conductas. Según declaró una de sus hijas, la mujer había comenzado a tomar precauciones para resguardar sus pertenencias y llegó a dormir con su cartera debajo de la almohada.
Las pruebas que cambiaron la condena
Para revisar la sentencia, el Tribunal de Impugnación analizó los testimonios, las circunstancias del ataque y los elementos vinculados con el dinero que desapareció después del homicidio.
Los magistrados destacaron que Giné se había negado a entregarle más efectivo a su nieto y que había escondido la llave de la caja fuerte para impedir que accediera a sus ahorros. Después del crimen, la caja fue encontrada abierta y desordenada, con indicios de que alguien había buscado la llave y el dinero.
La resolución también señaló que, tras la muerte de su abuela, Morales dispuso de una suma importante de efectivo en un período breve. Según el fallo, ese dinero fue utilizado para comprar estupefacientes, pagar viajes en remis, contratar servicios sexuales y afrontar otros gastos.
A partir de esos elementos, el tribunal concluyó que la sustracción del dinero no había sido un hecho independiente ni un simple aprovechamiento posterior al homicidio, sino una finalidad vinculada con la decisión de matar.
Los jueces explicaron que la agravante criminis causae no exige necesariamente una planificación prolongada: alcanza con que la decisión de cometer el homicidio para facilitar otro delito surja en el momento de los hechos.
De los 19 años a la prisión perpetua
En agosto de 2021, el Tribunal de Juicio había condenado a Morales a 19 años de prisión. Para establecer esa pena, los magistrados consideraron que su adicción crónica a la pasta base y el síndrome de abstinencia constituían circunstancias extraordinarias de atenuación.
La Fiscalía, representada por Mónica Poma, cuestionó esa decisión y reclamó prisión perpetua. Sostuvo que la drogodependencia no justificaba reducir el reproche penal y pidió que se reconocieran las agravantes de femicidio, alevosía, ensañamiento y criminis causae.
La defensa, por su parte, solicitó que se mantuviera la condena original, al insistir en que Morales atravesaba una grave adicción que condicionó su conducta.
El Tribunal de Impugnación aceptó parcialmente el planteo fiscal. Consideró acreditada la agravante vinculada con la finalidad de sustraer dinero, revocó la pena anterior y estableció la prisión perpetua.
Por qué no fue calificado como femicidio
Aunque la Fiscalía también reclamó que el crimen fuera considerado un femicidio, los jueces entendieron que no se había demostrado que Morales hubiera matado a su abuela por razones de género.
El fallo examinó los argumentos sobre la edad de la víctima, su estado de salud, la vulnerabilidad física y los conflictos familiares. Sin embargo, concluyó que el móvil acreditado estaba relacionado con la necesidad de conseguir dinero para consumir drogas y no con una intención de someterla por su condición de mujer.
El tribunal también mantuvo el rechazo de la alevosía, porque no consideró probado que Morales hubiera buscado o aprovechado deliberadamente la indefensión de su abuela, y del ensañamiento, al sostener que la cantidad de heridas no demostraba por sí misma que hubiera querido prolongar su sufrimiento.
Por lo tanto, la nueva condena no incluyó esas tres agravantes, sino el homicidio agravado por el vínculo y criminis causae.
Qué pasó con los otros dos imputados
Durante el juicio de 2021 también fueron juzgados Federico Leonardo Detzel y Tania Rocío Aguirre, acusados por su presunta participación en el homicidio y por delitos vinculados con el encubrimiento y el incumplimiento de las restricciones sanitarias.
El tribunal de juicio absolvió a ambos de la acusación por homicidio. Detzel también fue absuelto por el beneficio de la duda en relación con el encubrimiento, mientras que Aguirre recibió una absolución plena por ese delito. Los dos fueron condenados a seis meses de prisión condicional por violar las medidas sanitarias vigentes durante la pandemia.
La resolución del 19 de octubre de 2026 se concentró en el recurso contra la condena de Morales y modificó su situación penal al imponerle prisión perpetua.
De esta manera, el caso que conmocionó a Salta durante la pandemia volvió a tener una definición judicial con un cambio sustancial en la pena: de 19 años de prisión a prisión perpetua, al quedar acreditado, según el Tribunal de Impugnación, que el asesinato de Tita Giné estuvo motivado por el propósito de obtener dinero para comprar drogas.