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Un hombre de 46 años fue condenado en Salta a seis meses y 15 días de prisión de ejecución condicional por dos hechos de amenazas y tres de desobediencia judicial cometidos contra su expareja, también de 46 años. La condena fue dictada luego de que el acusado reconociera su responsabilidad, pidiera disculpas a la víctima y las partes arribaran a un acuerdo de juicio abreviado.
La jueza del Distrito Centro, Silvia García Tabera, homologó el acuerdo y estableció además una serie de reglas de conducta que el condenado deberá cumplir durante dos años. La causa reúne episodios ocurridos entre noviembre de 2025 y septiembre de 2026, durante los cuales el hombre incumplió en distintas oportunidades las medidas de protección que habían sido dictadas para resguardar a su expareja.
La acusación fue sostenida por el auxiliar fiscal de Cerrillos, Roque López Hinojo, por disposición de la fiscal penal interina Verónica Simesen de Bielke, en representación del Ministerio Público Fiscal. La mujer se había constituido como querellante y prestó conformidad con el acuerdo alcanzado durante la audiencia.
Incumplió una restricción de acercamiento y volvió al domicilio
A partir del primero de los hechos investigados, el Juzgado de Violencia Familiar y de Género 3 había dispuesto medidas de protección a favor de la víctima. Entre ellas se encontraban la exclusión del hombre del hogar, la prohibición de acercarse a menos de 300 metros y la prohibición de ejercer actos de violencia contra su expareja.
El hombre había sido debidamente notificado de esas restricciones, pero, según se estableció en la causa, las incumplió en distintas oportunidades al presentarse nuevamente en el domicilio de la mujer. En algunos de esos episodios, la víctima tuvo que activar el botón antipánico y solicitar la intervención de efectivos policiales.
La situación se repitió hasta septiembre. El último episodio ocurrió el 22 de septiembre, cuando el condenado volvió a presentarse en la vivienda de su expareja y la amenazó. Horas más tarde regresó al lugar e ingresó al inmueble pese a la prohibición judicial que continuaba vigente.
Ante esta situación, la mujer activó nuevamente el botón antipánico. Personal policial intervino y logró demorar al hombre a unos 200 metros del domicilio.
Qué medidas deberá cumplir el condenado
Además de la pena de seis meses y 15 días de prisión de ejecución condicional, el tribunal estableció reglas de conducta durante un período de dos años.
Entre las principales medidas se encuentra la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de la víctima y de establecer contacto con ella por cualquier medio.
También se dispuso su incorporación al sistema SUMA, destinado a reforzar la protección de la mujer y controlar el cumplimiento de la restricción de acercamiento.
Hasta que esa herramienta se encuentre efectivamente implementada, se ordenó que la víctima cuente con consigna policial fija durante las 24 horas, con el objetivo de garantizar la continuidad de las medidas de protección dispuestas por la Justicia.
El condenado deberá además abstenerse de cometer nuevos delitos, mantener constituido su domicilio y comunicar cualquier modificación dentro de las 48 horas.
Como parte de las reglas impuestas, también deberá presentarse ante el Programa de Inserción Social y Supervisión de Presos y Liberados y cumplir con el programa establecido en materia de violencia de género.
La resolución contempla, además, que el hombre inicie los trámites correspondientes vinculados con el cuidado personal de sus hijos y establece pautas relacionadas con el consumo de bebidas alcohólicas.
La condena surgió de un juicio abreviado
La resolución se produjo luego de que el acusado reconociera su responsabilidad por los hechos y pidiera disculpas a la víctima. A partir de ese reconocimiento, las partes alcanzaron un acuerdo de juicio abreviado, que fue aceptado por la mujer en su carácter de querellante.
La jueza García Tabera homologó el acuerdo y estableció la condena por dos hechos de amenazas y tres de desobediencia judicial, en concurso real.
El caso abarca así una sucesión de episodios ocurridos durante varios meses y en los que, pese a las restricciones judiciales vigentes, el condenado volvió a acercarse a su expareja y al domicilio donde residía.