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La Sala II del Tribunal de Impugnación de Salta confirmó las condenas contra integrantes de la denominada red narcocriminal carcelaria, investigada por la comercialización de estupefacientes dentro de la Unidad Carcelaria 1 y por otros delitos vinculados con el funcionamiento de una estructura organizada dentro del establecimiento penitenciario. La resolución fue dictada al revisar los recursos presentados por las defensas contra la sentencia que había condenado a 17 personas, entre funcionarios del Servicio Penitenciario, internos y personas vinculadas con alojados en la cárcel.
La revisión estuvo a cargo de la fiscal de Impugnación 2, Mónica Poma, quien representó al Ministerio Público Fiscal ante el Tribunal de Impugnación. La Sala II mantuvo las condenas por comercialización de estupefacientes agravada y asociación ilícita respecto de los acusados alcanzados por esas figuras. En otros cinco casos, hizo lugar parcialmente a los planteos de las defensas respecto de determinados hechos de exacciones ilegales y concusión, lo que derivó en una adecuación de las penas.
Quiénes fueron condenados por la red narcocriminal carcelaria
La Sala II rechazó los recursos y confirmó las condenas respecto de José Luis Alarcón, Luis Roberto Castaño, Marcelo Olguín Magno, Baldomero Darío Córdoba, Manuel Méndez, María Inés Méndez, Héctor Gustavo Banega, Ivana Marcela Gutiérrez, Nicole Judith Ana Luna, Patricia Daiana del Rosario Flores, María Cristina Galindo y Andrea Abigail Alba.
En otros cinco casos, el Tribunal modificó parcialmente las condenas por determinados hechos de exacciones ilegales y concusión, aunque mantuvo las acusaciones vinculadas con la comercialización de estupefacientes agravada y la asociación ilícita para Sergio Moya, Francisco Bisceglia, Marcos Bucotich García y Raúl Arjona.
En el caso de Rubén Guaymás, se confirmaron los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.
Luego de la audiencia de visu, las penas quedaron establecidas de la siguiente manera: Sergio Moya fue condenado a nueve años y seis meses de prisión efectiva; Francisco Bisceglia, a diez años y dos meses; Raúl Arjona, a seis años y ocho meses; Marcos Bucotich García, a cinco años y ocho meses; y Rubén Guaymás, a cuatro años y ocho meses de prisión efectiva.
Cómo funcionaba la organización investigada
La causa fue investigada y llevada a juicio por una Unidad Fiscal integrada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto.
Durante el proceso, los fiscales sostuvieron que los acusados habían actuado de manera organizada, con jerarquías y funciones definidas, para mantener un sistema destinado a la comercialización de estupefacientes dentro de la Unidad Carcelaria 1. En determinados casos, también se investigaron maniobras vinculadas con exacciones ilegales.
La hipótesis de la acusación apuntó a una estructura en la que intervenían distintos actores, entre ellos funcionarios penitenciarios, internos y personas vinculadas con personas alojadas en el establecimiento. Según el planteo sostenido durante el juicio, la organización podía desarrollar sus maniobras, entre otros factores, a partir de la participación de funcionarios que tenían responsabilidades vinculadas con la guarda de las personas privadas de libertad.
Diez semanas de juicio por la red que operaba en la cárcel
El juicio oral comenzó el 4 de agosto de 2025 y se extendió durante diez semanas, hasta el 15 de octubre. Durante las audiencias, la Unidad Fiscal presentó la prueba reunida durante una investigación que buscó acreditar tanto el funcionamiento de la organización como la participación que se atribuía a cada uno de sus integrantes.
Al finalizar el debate, la Sala 7 del Tribunal de Juicio condenó a 17 personas. Entre ellas se encontraban los ocho funcionarios del Servicio Penitenciario que habían llegado acusados, además de internos y personas relacionadas con alojados en la Unidad Carcelaria 1.
Las penas establecidas en aquella instancia fueron de entre uno y diez años y seis meses de prisión. Las defensas recurrieron las condenas y llevaron sus planteos ante el Tribunal de Impugnación.
La fiscal Mónica Poma sostuvo la posición del Ministerio Público Fiscal durante la etapa de revisión, en la que la Sala II analizó los distintos recursos presentados contra la sentencia.
Qué resolvió el Tribunal de Impugnación
La resolución confirmó el núcleo de las condenas relacionadas con la comercialización de estupefacientes agravada y la asociación ilícita, mientras que realizó modificaciones parciales en cinco casos respecto de determinados hechos de exacciones ilegales y concusión.
De esta manera, la revisión no implicó dejar sin efecto las condenas vinculadas con la estructura narcocriminal investigada dentro de la Unidad Carcelaria 1. Las modificaciones estuvieron relacionadas con hechos específicos y tuvieron como consecuencia una adecuación de las penas en los cinco casos alcanzados.
Para el Ministerio Público Fiscal, la resolución ratifica el resultado del juicio realizado durante diez semanas y las conclusiones de la investigación sobre una organización que, según la acusación, contaba con distintos niveles de participación y roles definidos dentro y fuera del establecimiento penitenciario.
La gravedad institucional señalada por la Fiscalía
Durante su alegato final, el procurador general Pedro García Castiella había planteado la gravedad institucional de los hechos investigados y cuestionado particularmente la participación de funcionarios penitenciarios en las maniobras.
Según sostuvo durante el debate, la intervención de agentes que tenían a su cargo la custodia de personas privadas de libertad implicó un apartamiento de las obligaciones inherentes a la función de custodia y una afectación de los derechos de quienes se encontraban alojados en la Unidad Carcelaria 1.
La resolución de la Sala II del Tribunal de Impugnación mantiene ahora las condenas vinculadas con la estructura investigada por la comercialización de drogas dentro del establecimiento penitenciario y la asociación ilícita, luego de la revisión solicitada por las defensas.