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El exintendente de Aguas Blancas, Carlos “Conejo” Martínez, se entregó este miércoles por la tarde en la Comisaría N° 4 del barrio Aeroparque de la ciudad de Orán y quedó a disposición de la Justicia Federal, luego de permanecer prófugo desde el operativo desplegado el sábado.
Martínez es investigado como presunto jefe de una organización dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico. Su detención había sido ordenada en el marco de una investigación que derivó en 32 allanamientos y 11 personas detenidas.
En las imágenes difundidas por el medio La 10 Digital, se observa a Martínez llegando a la Compañía Guardia de Infantería acompañado por un hombre. Tras un intercambio de palabras, efectivos del GOF Unidad Táctica procedieron a esposarlo para luego trasladarlo en un vehículo oficial.
El exjefe comunal logró escapar el sábado, cuando los investigadores se disponían a detenerlo. A partir de esa situación se había dispuesto un pedido de captura y comenzó a analizarse, entre otras hipótesis, la posibilidad de que hubiera existido una filtración de información que le permitiera conocer con anticipación el operativo. Esa posibilida todavía no fue confirmada.
Presunto lavado de activos
La causa es investigada desde hace cerca de dos años y fue impulsada por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
La hipótesis fiscal sostiene que los acusados habrían integrado una asociación ilícita destinada a introducir dinero proveniente del narcotráfico en el circuito económico legal.
Entre los imputados se encuentran familiares de Martínez, entre ellos su hijo Miguel Ángel Martínez, su hija Jessica Elizabeth Martínez, su exmujer Nancy Mirta Cordero y su actual pareja, Tamara Tapia. También fueron acusados dos contadores, señalados por la Fiscalía por su presunta intervención en maniobras destinadas a bancarizar fondos e incorporar bienes de origen ilícito al circuito financiero.
Durante los allanamientos se secuestraron teléfonos celulares, computadoras, notebooks y pendrives, elementos que serán sometidos a peritajes para avanzar en la investigación.
El juez federal de Orán, Gustavo Montoya, dispuso esta semana la prisión preventiva efectiva de siete de los 11 imputados y estableció medidas menos restrictivas para otros cuatro. Además, fijó un plazo de seis meses para que la Fiscalía concluya la investigación.