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El proceso judicial que tiene como principal acusado al exintendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando “Kila” Gonza, no pudo ponerse en marcha hoy y finalmente fue suspendido por una situación vinculada a la defensa técnica del imputado. La decisión fue adoptada por el tribunal tras la comunicación formal del cambio de abogado, lo que derivó en la reprogramación del inicio del juicio oral para el próximo 11 de febrero.
El debate debía comenzar hoy con un tribunal colegiado, pero antes de la apertura de la audiencia se informó la renuncia del anterior defensor del exjefe comunal, situación que obligó a la designación de un nuevo abogado. Ante este escenario, la defensa solicitó la suspensión del inicio del juicio, pedido que fue aceptado por los magistrados para garantizar el pleno ejercicio del derecho de defensa.
La causa es seguida también contra el exsecretario de Hacienda del municipio, Rogelio Higinio Guaymás, y contra el concejal Aldo Dalmiro Gonza, todos acusados por delitos vinculados a la administración de fondos públicos durante la gestión municipal anterior. El expediente se originó a partir de una denuncia presentada por la actual conducción del municipio, luego de una auditoría externa que detectó presuntas irregularidades en el manejo financiero y administrativo.
Según la acusación, durante ese período se habrían incumplido normativas que regulan el sistema de administración pública municipal, con maniobras que derivaron en un perjuicio económico para el erario. Entre los puntos cuestionados figuran la discrecionalidad en el uso de recursos, la falta de controles y la ausencia de rendiciones de cuentas al finalizar el mandato.
En el plano judicial, Ernesto Gonza enfrenta cargos por peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, mientras que Guaymás está acusado por peculado e incumplimiento de deberes, y Aldo Gonza como partícipe necesario en el delito de peculado.
Con la nueva fecha ya fijada, el tribunal resolvió que el juicio oral y público comenzará el 11 de febrero, siempre que no surjan nuevas cuestiones procesales. La expectativa está puesta en el desarrollo de un debate que será clave para esclarecer la gestión de los recursos municipales y establecer eventuales responsabilidades penales en una de las causas más relevantes vinculadas a la administración pública en el Valle de Lerma.
Si querés, en el próximo paso podemos ajustar el tono más político o más judicial, o adaptarla aún más al perfil histórico de El Tribuno sin perder originalidad.