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Tras el presunto femicidio ocurrido el lunes en barrio San Calixto, en la zona sur de la ciudad, donde una mujer fue asesinada y el agresor luego se quitó la vida, referentes feministas advirtieron sobre la persistencia de la violencia de género en la provincia y cuestionaron la falta de respuestas del sistema judicial y de las políticas públicas de prevención.
Con este hecho, en Salta ya se registran tres femicidios en lo que va de 2026, cuando aún no transcurrieron tres meses del año. Para Carmen Chuchuy Juárez, referente del Observatorio Popular Feminista Ñawi, la Fundación Gema y la Asamblea Lesbotransfeminista de Salta, el análisis no debe limitarse al número actual de casos.
La referente recordó que en 2025 se registraron seis femicidios en la provincia, pero además hubo otras muertes de mujeres que aún continúan bajo investigación. "En 2025 hubo seis femicidios y 21 muertes dudosas de mujeres en investigación. Y la Justicia no está actuando con la celeridad que necesitamos, con perspectiva de género y con los protocolos correspondientes", afirmó a El Tribuno.
Desde el Observatorio reclaman que esos casos sean investigados adecuadamente y que, cuando corresponda, se caratulen como femicidios. "Estamos pidiendo que las investigaciones del año pasado determinen la carátula de femicidio cuando corresponde. Por ejemplo, la muerte de la compañera trans en Rosario de Lerma es un transfemicidio", sostuvo.
Chuchuy Juárez advirtió además que, a su entender, hubo un retroceso en las políticas públicas de prevención de la violencia de género. "El desguace de las políticas de género se nota en la provincia cuando antes teníamos rango de secretaría y ahora de subsecretaría. Eso también es un mensaje sobre cuánto interés real hay en estas políticas", señaló.
Al comparar el caso de barrio San Calixto con otro femicidio reciente ocurrido en Campo Quijano, la referente sostuvo que se trata de situaciones distintas pero igualmente graves. En el caso de Natalia Cruz, la víctima había realizado reiteradas denuncias contra su agresor. "Había realizado muchas denuncias, incluso horas antes del femicidio había ido a la comisaría. Y la Justicia no le dio las medidas de prevención que son lo primero que tiene que actuar: proteger a la víctima", afirmó.
En cambio, en el caso de Vanesa García -la mujer asesinada en barrio San Calixto-, según confirmó la Policía, no realizó denuncias. "Muchas compañeras ya no se animan a denunciar porque hay un descrédito con el tema de hacer una denuncia. Saben que muchas veces la Justicia no hace nada y la denuncia termina trayéndoles más problemas", sostuvo.
La referente también llamó a la sociedad a intervenir ante posibles situaciones de violencia. "Cuando escuchamos gritos o situaciones de violencia tenemos que llamar al 911. Si la víctima no puede hacerlo porque está en el círculo de la violencia, nosotros tenemos que intervenir", expresó.
Sobre los casos en los que el agresor se suicida después del crimen, Carmen Chuchuy Juárez señaló que este tipo de hechos también genera graves consecuencias en las investigaciones judiciales. "No lo puedo analizar. Me cuesta mucho analizar que una persona no se haga cargo de lo sucedido", expresó.
Y agregó: "Nosotras no queremos que esa persona se mate, queremos que la Justicia lo encarcele y cumpla una pena. Necesitamos eso, que se haga cargo". Recordó que este tipo de situaciones ya se registró en otros casos de violencia extrema contra mujeres en la provincia. "Pasó con el caso de la mujer desaparecida de La Caldera. Él se mató y el cuerpo de ella todavía no aparece. Entonces es un caso que todavía no se resuelve", afirmó.
Advirtió sobre las consecuencias que estos crímenes dejan en los hijos de las víctimas y reclamó mayor aplicación de la Ley Brisa. "Hay que visibilizar qué está pasando con esa ley. Algunos familiares ni siquiera saben que existe y que es un subsidio para los niños que quedan huérfanos", señaló.
Sin denuncias previas
La Policía de Salta informó que la pareja hallada sin vida en barrio San Calixto no registra denuncias previas por violencia de género en los últimos años.
El director de Prensa y Relaciones Institucionales de la fuerza, Flavio Peloc, indicó que tras el hecho se realizó una verificación en los registros policiales y judiciales para determinar si existían antecedentes.
"Se ha hecho en primer momento un chequeo de los últimos tres años, 2024, 2025 y 2026, y en ese período no tenemos registro", señaló el funcionario.
Peloc agregó que tampoco se encontraron antecedentes en los registros de la Oficina de Violencia Familiar que funciona en las distintas jurisdicciones policiales.
"Tampoco la Oficina de Violencia Familiar que trabaja en cada una de las jurisdicciones registró hechos de esta característica", precisó.
La causa se encuentra bajo la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios (UFEM).
La fiscal explicó la ley Brisa a los familiares de la víctima
La fiscal penal de la Unidad Fiscal de Femicidios (UFEM), María Luján Sodero Calvet, mantuvo ayer una reunión con familiares de la mujer de 41 años hallada sin vida en barrio San Calixto.
El encuentro se llevó a cabo en sede fiscal y tuvo como eje central informar a los allegados sobre el avance de la investigación, las medidas dispuestas para esclarecer lo ocurrido y los derechos que les asisten en su carácter de víctimas indirectas.
Durante la reunión, la fiscal explicó las diligencias en curso, en el marco de una causa que se inició tras el hallazgo del cuerpo de la mujer con signos de violencia el lunes 16 de marzo.
Además del abordaje judicial, desde el Ministerio Público Fiscal se dispuso la intervención del equipo interdisciplinario, que brindó contención, asistencia y asesoramiento a la familia. En ese marco, la trabajadora social Daiana Alanis participó del encuentro, acompañando a los familiares en un contexto de fuerte impacto emocional.
Uno de los puntos centrales de la reunión fue la información sobre los alcances de la Ley Brisa (N° 27.452), normativa que establece una reparación económica para niñas, niños y adolescentes cuyos progenitores hayan sido víctimas de femicidio o violencia familiar.
Esta ley contempla el pago de una suma mensual equivalente a una jubilación mínima, además de cobertura integral de salud, y está destinada a hijos e hijas de víctimas hasta los 21 años, o sin límite de edad en caso de discapacidad. Para acceder al beneficio, se requiere que el agresor esté procesado, condenado o que la causa penal se haya extinguido por su fallecimiento.
Desde la fiscalía se indicó que la asistencia no requiere intermediación legal, es gratuita y puede gestionarse ante la Anses, siendo además compatible con otras prestaciones sociales como la Asignación Universal.
La normativa lleva el nombre de Brisa, hija de Daiana Barrionuevo, víctima de femicidio en 2014, y busca garantizar una reparación integral a quienes quedan en situación de vulnerabilidad tras estos hechos.
Mientras tanto, la fiscal Sodero Calvet remarcó que se continúan desarrollando numerosas medidas investigativas para esclarecer lo sucedido en barrio San Calixto y determinar con precisión las responsabilidades en el caso.