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A más de un mes del femicidio, Azucena hermana de la víctima de femicidio pidió ayuda al gobierno provincial por la falta de aplicación de la Ley Brisa. Sus sobrinos siguen sin asistencia económica y no tienen garantizado lo básico: comida y contención inmediata.
La mujer aguanta estoicamente desde aquella fatídica tarde del martes 17 de febrero cuando le comunicaron que su hermana Natalia Cruz había sido asesinada por su expareja Daniel Orlando Serapio. Azucena es quien, desde el primer día encabezó los reclamos por justicia. Tuvo que salir a cortar la ruta nacional 51 junto a un pequeño grupo de mujeres y familiares para ser escuchada. Aun así, al Estado le costó y le sigue costando responder. Como si el dolor también tuviera que hacer fila. La familia ya había perdido otra hija en circunstancias similares hace menos de nueve años.
Azucena se fue hace algunos años de Campo Quijano en busca de oportunidades. Las encontró: trabajó, se formó y se recibió de psicopedagoga. Pero el destino la devolvió de golpe al punto de partida. Estaba de vacaciones cuando ocurrió el crimen. Desde entonces, su vida quedó atravesada por la urgencia y la impotencia. "Hoy se cumple más de un mes del femicidio de mi hermana. Los chicos no pueden sostener la situación. Yo tengo que volver a mi trabajo, pero ellos necesitan comer todos los días. La ayuda tiene que ser ahora", expresó en diálogo exclusivo con El Tribuno.
Su carácter, firme, frontal, la llevó a ponerse al frente del reclamo. Fue insultada y hostigada en redes sociales, pero no se detuvo. Habló con funcionarios, insistió, golpeó puertas. Incluso mantuvo contactos directos con el gobernador Gustavo Sáenz, quien volvió a escucharla este martes en Campo Quijano. Hubo promesas, nuevamente. Un equipo de profesionales fue enviado para asistir a la familia. Pero la realidad sigue siendo la misma: la ayuda concreta no llega de Anses, bajo una ley nacional que se debería haber aplicado de inmediato apenas ocurrido el hecho
Mientras tanto, dos adolescentes de 11 y 17 años, hijos de la víctima y del acusado, hoy detenido con prisión preventiva, intentan sobrevivir al golpe más brutal: perder a su madre y, al mismo tiempo, quedar sin el sostén del Estado. La causa judicial avanza, sí. Pero la vida cotidiana no espera.
El caso pone de relieve con crudeza una falla estructural: la distancia entre las leyes y su aplicación real. La llamada ley Brisa (27.452), sancionada en 2018, establece una reparación económica mensual, equivalente a una jubilación mínima, y cobertura de salud para hijos de víctimas de femicidio. En los papeles, la protección es clara. En la práctica, queda atrapada en trámites, requisitos y demoras que transforman un derecho en una promesa vacía.
"Los chicos deberían haber tenido respaldo inmediato. Necesitan ayuda ya", insistió Azucena. Y su reclamo no es sólo personal: es un grito que se repite en muchas familias que atraviesan lo mismo. Porque detrás de cada femicidio no sólo hay una víctima. Hay hijos que quedan a la deriva.
La normativa contempla el beneficio hasta los 21 años y es compatible con otras prestaciones sociales y puede gestionarse de manera gratuita ante Anses.
La vida continúa para los niños
Cómo en decenas de casos, tras la muerte violenta de una madre y la detención del homicida los niños frutos de la pareja quedan a la deriva.
A más de un mes del femicidio de Natalia Cruz, la justicia avanza con las testimoniales de testigos y familiares de la pareja, pero la ayuda llega a los hijos de la víctima se demora. Y en el medio, dos chicos siguen esperando lo más básico: que alguien cumpla con lo que la ley ya garantiza. Porque no se trata de asistencia. Se trata de derechos. Y hoy, esos derechos no están llegando.