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En el marco del juicio contra exfuncionarios del municipio de San Lorenzo, este viernes se desarrolló una de las instancias clave del proceso con la declaración de los últimos testigos, entre ellos la perito contable del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), quien presentó un informe técnico que da cuenta de diversas irregularidades en la administración de los recursos públicos durante la gestión del exintendente Ernesto Fernando “Kila” Gonza.
La causa se originó a partir de una denuncia impulsada por el actual jefe comunal tras asumir su primer mandato y ordenar una auditoría sobre la gestión anterior. Según la investigación, Gonza y otros imputados habrían administrado fondos municipales de manera discrecional, sin cumplir con las normativas vigentes ni rendir cuentas, lo que habría generado un perjuicio al erario público.
Durante su exposición ante el Tribunal, la perito señaló que no se encontraban presentadas las Cuentas Generales del Ejercicio correspondientes a los años 2018 y 2019, ni registros completos de ejecución presupuestaria. Esta situación, explicó, impidió verificar tanto la planificación como el destino de los recursos municipales. Además, indicó que no había documentación suficiente para reconstruir el gasto en esos períodos.
En relación a las contrataciones, la experta afirmó que no se hallaron constancias que acrediten procedimientos legales para la adquisición de bienes. En ese sentido, mencionó compras de tablets, televisores, estufas y una camioneta sin respaldo de licitaciones, concursos o contrataciones directas debidamente justificadas.
Ausencia de un control patrimonial adecuado
Otro de los puntos observados fue la ausencia de un control patrimonial adecuado. Según detalló, no existían inventarios ni registros que permitieran identificar los bienes municipales, su valor, ubicación o responsables, lo que impidió determinar su trazabilidad.
La pericia también puso el foco en el manejo de fondos en efectivo. De acuerdo con el análisis, se utilizaba un sistema de vales y recibos para registrar salidas de dinero sin el respaldo necesario. Asimismo, se detectaron referencias cruzadas entre distintos destinatarios en esos documentos.
En cuanto a los gastos, la contadora indicó que se identificaron erogaciones bajo conceptos no presupuestarios, como “campaña electoral”, “apertura campaña” y “elecciones”, los cuales no correspondían a adelantos salariales, ya que los haberes se abonaban por vía bancaria.
La experta remarcó además la falta de controles básicos, como arqueos de caja, conciliaciones bancarias y registros contables, lo que dificultó verificar los movimientos financieros. En esa línea, sostuvo que los ingresos municipales deberían haberse depositado diariamente, aunque se detectó un uso reiterado de dinero en efectivo por fuera del circuito bancario.
La situación se agravó
Respecto de los fondos destinados a programas sociales, señaló que si bien existían saldos pendientes de años anteriores, la situación se agravó hacia el final del período analizado, cuando prácticamente no se registraron rendiciones, a pesar de tratarse de recursos con destino específico.
También se advirtieron irregularidades en el manejo de retenciones impositivas, ya que el municipio no habría ingresado en tiempo y forma los montos retenidos a proveedores, generando una deuda que posteriormente fue regularizada mediante un plan de pago.
Finalmente, la perito indicó que el acta de corte reflejaba únicamente la situación al momento del traspaso de gestión, sin registros históricos que permitieran reconstruir la evolución financiera del municipio.
Como conclusión, sostuvo que la administración presentaba un esquema caracterizado por el uso intensivo de efectivo, la ausencia de controles, la falta de documentación respaldatoria y el incumplimiento de normas legales, lo que derivó en pagos sin respaldo, gastos no presupuestados e irregularidades en contrataciones y rendiciones.
Tras la investigación llevada adelante por la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), el exintendente Ernesto Fernando “Kila” Gonza fue imputado como autor de los delitos de peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, en concurso real. Por su parte, el contador Rogelio Guaymás está acusado por peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, mientras que Aldo Dalmiro Gonza fue imputado por peculado en calidad de partícipe necesario.
Se prevé que entre el lunes y el martes de la próxima semana se realicen las declaraciones de los imputados y los alegatos finales de las partes, antes de que el Tribunal dé a conocer el veredicto.