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La fiscal penal Claudia Geria solicitó penas de prisión efectiva para los tres exfuncionarios de San Lorenzo juzgados por delitos contra la administración pública y requirió además su detención inmediata por considerar que existe riesgo procesal. El pedido incluye siete años de cárcel para el exintendente Ernesto Gonza, seis años para el exsecretario de Hacienda Rogelio Guaymás y cuatro años para el exconcejal Aldo Gonza, junto con la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.
El planteo fue realizado durante los alegatos en la audiencia de debate, presidida por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Francisco Mascarello, donde la fiscal sostuvo que los imputados llevaron adelante un esquema sostenido de manejo irregular de fondos municipales.
Durante su exposición, Geria reconstruyó -a partir de pruebas documentales, periciales y testimoniales- un mecanismo que, según afirmó, fue diseñado para sustraer y desviar dinero del erario público. “No estamos hablando de una economía familiar, estamos hablando de una economía municipal”, remarcó al referirse a la gravedad de los hechos.
Un sistema de pagos por fuera de los circuitos formales
La acusación por peculado se centró en la existencia de un sistema de pagos por fuera de los circuitos formales, mediante vales y recibos sin respaldo legal ni registración contable. Según la fiscal, esto permitió la salida de dinero sin justificación y sin control, con montos que no guardaban relación con prácticas administrativas regulares.
También señaló irregularidades en la adquisición de bienes con fondos municipales, sin cumplir con los procedimientos legales ni dejar constancia en registros patrimoniales. En ese sentido, indicó que muchos de esos bienes no fueron entregados a la gestión entrante.
Otro de los puntos abordados fue el manejo de fondos con destino específico, especialmente en programas sociales. Geria sostuvo que existieron partidas que no fueron rendidas conforme a la normativa vigente, pese a tratarse de recursos que no podían ser utilizados de manera discrecional.
En cuanto al estado del patrimonio municipal, advirtió inconsistencias entre los gastos registrados y la situación real de los bienes, particularmente en el parque automotor, donde se documentaron compras y reparaciones que -según afirmó- no se reflejaban en la realidad.
La fiscal también hizo hincapié en la omisión sistemática de remitir información a los órganos de control, lo que, a su criterio, demuestra una conducta intencional para evitar la fiscalización. “No hay una negligencia, hay una intencionalidad en no cumplir con las leyes”, sostuvo.
Responsabilidades
Respecto a las responsabilidades individuales, atribuyó a Ernesto Gonza cinco hechos de peculado, tres de incumplimiento de los deberes de funcionario público y uno de negociaciones incompatibles con la función pública. En el caso de Guaymás, señaló cinco hechos de peculado y dos de incumplimiento de deberes. Para Aldo Gonza, planteó su participación como partícipe necesario en un hecho de peculado.
Además, indicó que el exintendente cuenta con una condena previa, por lo que solicitó la unificación de penas conforme al Código Penal.
Finalmente, Geria remarcó que los hechos deben entenderse como parte de un patrón sostenido en el tiempo, orientado a eludir controles y disponer de fondos públicos de manera irregular, lo que -según sostuvo- no solo generó un perjuicio económico, sino también un daño a la institucionalidad. La solicitud de detención inmediata de los acusados quedó ahora a consideración del tribunal.