inicia sesión o regístrate.
La Justicia salteña avanza en dos causas por presuntas amenazas en establecimientos educativos de la capital, que generaron preocupación entre alumnos, docentes y familias. En ambos casos, intervienen fiscalías penales que ya dispusieron imputaciones y medidas investigativas.
Por un lado, el fiscal penal N° 3 del Distrito Centro, Horacio Córdoba Mazuranic, imputó a dos jóvenes de 18 y 19 años, junto a un menor de 17, por el presunto delito de intimidación pública.
La causa se inició a partir de la aparición de inscripciones en el baño de varones del Colegio Walter Adet, cuyo contenido hacía referencia a posibles situaciones de violencia al inicio de la semana.
Allanamientos en Santa Ana y en el Aráoz
El hallazgo encendió las alarmas dentro de la comunidad educativa, lo que motivó la inmediata intervención de las autoridades y el inicio de tareas investigativas. En ese marco, y con autorización del Juzgado de Garantías 5 a cargo del juez Pablo Zerdán, se realizaron allanamientos en viviendas de los barrios Santa Ana I y Miguel Aráoz. Los operativos estuvieron a cargo de la División Investigaciones Sur y otras dependencias policiales.
Durante la audiencia de imputación, los acusados -asistidos por defensa particular- prestaron declaración y dieron su versión de los hechos. La Fiscalía solicitó que se mantenga la detención mientras avanza la causa.
El caso de la escuela República de la India
En paralelo, la fiscal penal juvenil 2, Carolina Hernández, imputó a un adolescente de 16 años por un hecho de similares características ocurrido en el Colegio Secundario Técnico República de la India.
El menor, acompañado por su madre y asesorado por la defensa oficial, reconoció su participación y manifestó arrepentimiento, asegurando que no dimensionó la gravedad de sus actos. No obstante, la fiscal remarcó que dicha expresión no es suficiente para disponer su liberación.
Actualmente, el adolescente permanece alojado en el Instituto Especializado de Atención a Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal, mientras se desarrollan evaluaciones interdisciplinarias conforme a lo establecido por la Ley N° 8097. Los resultados de estos estudios serán clave para definir la continuidad de la medida.