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El procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, encabezó una reunión de trabajo junto a la ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore Viñuales; el ministro de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras; y el coordinador de Fiscales, Pablo Rivero, con el objetivo de analizar las actuaciones judiciales y policiales vinculadas a mensajes intimidatorios detectados en el ámbito escolar.
Durante el encuentro, las autoridades evaluaron el alcance de la problemática registrada en la última semana en distintos establecimientos educativos de la provincia, en el contexto de un “reto viral” replicado en Argentina y otros países. Según se informó, hasta la fecha se contabilizan 135 actuaciones entre medidas preventivas, 17 demoras y 6 detenciones, en el marco de investigaciones por el delito de intimidación pública.
Asimismo, se analizaron los alcances jurídicos de las conductas detectadas y la activación de protocolos internos en las instituciones afectadas.
Por su parte, la ministra de Educación aseguró que el dictado de clases no fue interrumpido en ningún establecimiento y que continuará con normalidad, garantizando la colaboración necesaria para el avance de las investigaciones. También indicó que se encuentran en evaluación posibles medidas disciplinarias en el ámbito educativo para quienes resulten responsables de los hechos denunciados, y destacó la aplicación este año de una normativa innovadora con protocolos de actuación para casos de bullying, ciberacoso y violencia entre pares.
Se analizó la creación de una unidad de prevención
En ese marco, se analizó la creación de una unidad de prevención que incluiría intervenciones con la convocatoria de padres o tutores, en línea con la Ley Nacional 26.892, que establece las bases para la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas.
A su turno, el ministro de Seguridad destacó el despliegue de recursos policiales destinados a tareas de prevención, control y procedimiento, y remarcó la responsabilidad legal de padres o tutores frente a conductas delictivas de menores a su cargo.
El procurador general, en tanto, resaltó el trabajo articulado entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Educación y el Ministerio Público Fiscal, subrayando la estrategia conjunta que abarca tanto la investigación de los hechos como la implementación de acciones preventivas.
Finalmente, las autoridades avanzaron en la planificación de nuevas instancias de capacitación dirigidas a equipos educativos, fuerzas de seguridad y operadores del sistema, con el objetivo de fortalecer la detección temprana y el abordaje adecuado de este tipo de situaciones.