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El hallazgo de al menos ocho fetos humanos en una clínica privada de la localidad bonaerense de Villa Ballester abrió diferentes líneas de investigación judicial, en un caso que combina sospechas de abortos clandestinos en etapas avanzadas del embarazo y posibles vínculos con redes ilegales.
La causa se originó días atrás a partir de la búsqueda de una niña de 12 años que cursaba un embarazo producto de un abuso en Santiago del Estero. En ese contexto, los investigadores llegaron hasta el establecimiento de salud, donde inicialmente se negó la presencia de la menor. Sin embargo, tras diversas diligencias, lograron ubicarla dentro de la clínica.
A partir de ese hallazgo, durante un allanamiento realizado el fin de semana, se produjo el descubrimiento que conmocionó a los investigadores: al menos ocho fetos almacenados en bolsas dentro del lugar.
Hipótesis bajo investigación
Una de las principales líneas que analiza la Justicia apunta a la posible realización de abortos clandestinos en etapas avanzadas del embarazo. Según esta hipótesis, los procedimientos se habrían concentrado en determinados días, lo que podría explicar la acumulación de restos biológicos encontrados.
En paralelo, se evalúa una hipótesis aún más grave: la posible existencia de una red ilegal vinculada a la captación de mujeres en situación de vulnerabilidad -incluso menores de edad- y la eventual comercialización de bebés.
Durante el operativo, se secuestraron historias clínicas, registros y diversa documentación interna que será clave para determinar si estas prácticas eran sistemáticas. Además, se ordenaron estudios de ADN sobre los fetos con el objetivo de avanzar en su identificación y reconstruir lo ocurrido.
La postura oficial y el estado de la clínica
Mientras avanza la investigación, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires emitió un comunicado en el que sostuvo que los residuos hallados estaban correctamente dispuestos conforme a la normativa vigente para desechos patogénicos.
Desde el organismo indicaron que la clínica se encuentra habilitada y que no se detectaron irregularidades que justifiquen su clausura, aunque sí se constataron faltas menores, principalmente vinculadas a cuestiones de infraestructura, que deberán ser subsanadas.
Asimismo, recordaron que la legislación argentina permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, y sin límite en casos específicos como riesgo para la salud o situaciones de abuso.
No obstante, la aparente contradicción entre la evaluación oficial y las sospechas judiciales mantiene el caso abierto y bajo análisis, en medio de un fuerte impacto social y mediático.