inicia sesión o regístrate.
La investigación por un grave episodio de violencia ocurrido en una escuela de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, tuvo en las últimas horas una derivación directa en el norte salteño. A partir de información remitida por el Ministerio Público de la Acusación santafesino, la Justicia de Salta ordenó una serie de medidas urgentes en el departamento San Martín, donde se realizaron allanamientos en dos domicilios vinculados a un menor de edad.
El origen de las actuaciones está relacionado con el hecho registrado el pasado 30 de marzo en un establecimiento educativo de la localidad santafesina de San Cristóbal, donde un adolescente murió y otros estudiantes resultaron heridos. En el avance de esa pesquisa, fiscales de Santa Fe detectaron datos que consideraron relevantes para profundizar sobre posibles interacciones digitales mantenidas con un menor residente en una localidad del norte de Salta.
La información fue enviada el viernes a la Procuración General de Salta. Ante la gravedad del caso y la necesidad de actuar con rapidez, el procurador general Pedro García Castiella dispuso la conformación de una Unidad Fiscal integrada por la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, y el fiscal penal 1 del Distrito Judicial Tartagal, Pablo Alejandro Cabot, competente en el caso por tratarse de actuaciones que involucran a menores de edad.
Los datos remitidos provinieron de la Unidad Fiscal 505 de la Fiscalía Nº 5 de Rafaela, dependiente del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. Según se informó, los elementos analizados en esa jurisdicción daban cuenta de situaciones que requerían una profundización investigativa en Salta, especialmente en torno al uso de entornos virtuales y posibles vínculos con discursos violentos.
En ese marco, la evidencia digital examinada permitió advertir manifestaciones y conductas que motivaron la intervención judicial de las autoridades competentes. La pesquisa se orienta a determinar si existieron interacciones en comunidades digitales donde se habrían detectado expresiones asociadas a la normalización de la violencia y a eventuales procesos de radicalización en espacios virtuales.
Con autorización del Juzgado de Menores en turno, a cargo del juez Aníbal Burgos, durante la jornada de ayer se concretaron allanamientos, registros e inspecciones en dos domicilios del Distrito Judicial Norte, circunscripción Tartagal. Los procedimientos fueron supervisados por el fiscal Pablo Cabot y tuvieron como objetivo principal secuestrar elementos de interés para la causa y preservar evidencia digital que pudiera resultar relevante para la investigación iniciada en Santa Fe.
Durante los operativos se procedió al secuestro e inspección de dispositivos informáticos y otros soportes tecnológicos. También se realizaron constataciones técnicas destinadas a identificar archivos, comunicaciones o datos alcanzados por la orden judicial.
De acuerdo con el análisis preliminar de los elementos secuestrados, las referencias encontradas estarían vinculadas únicamente con la investigación que se desarrolla en la provincia de Santa Fe. En principio, los investigadores descartaron la existencia de un hecho aislado o independiente que pudiera involucrar directamente a la comunidad salteña.
Más allá de esa primera valoración, las autoridades judiciales dispusieron medidas de resguardo y protección de manera inmediata. En ese sentido, se dio intervención a la Asesoría de Incapaces, organismo que articuló actuaciones con la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia. Además, se ordenó una consigna policial fija en el domicilio relacionado con el adolescente involucrado.
La causa tendrá ahora una nueva instancia ante el Juzgado de Menores. Está prevista una audiencia con la participación del adolescente, sus progenitores, la asesora interviniente y representantes de la Fiscalía, con el objetivo de avanzar en las medidas correspondientes dentro del marco legal aplicable a personas menores de edad.
Desde el Ministerio Público Fiscal remarcaron que, por tratarse de actuaciones que involucran a menores y también a víctimas, la investigación se desarrolla bajo estricta reserva. Esa confidencialidad busca preservar derechos, garantías y datos sensibles, sin afectar el avance de una pesquisa que mantiene conexión con un hecho de extrema gravedad ocurrido fuera de la provincia.