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En el marco de actuaciones preliminares, iniciadas a partir de una denuncia radicada por autoridades de la Dirección General de Aduanas (DGA), el fiscal general Carlos Martín Amad solicitó una serie de allanamientos en distintos locales de venta de ropa de esta ciudad. Las diligencias -a cargo de personal de Gendarmería Nacional y de la Dirección General de Aduanas- se llevan adelante con intervención de la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez y se iniciaron a partir de actuaciones de la DGA por retención de encomiendas con mercadería de contrabando y otras irregularidades.
Al efectuar el control de remitentes y destinatarios, dicho órgano de control advirtió que se repetía -de manera sospechosa- una destinataria. En función de ello, se presentó la denuncia correspondiente ante la Unidad Fiscal Federal de Salta.
La investigación quedó a cargo del fiscal general Amad, a cargo del Área de Casos Sencillos y Flagrancias. El representante del Ministerio Público Fiscal dispuso varias, medidas, investigativas, de las cuales se pudo establecer que las personas investigadas adquirirían mercadería de contrabando. Y, en infracción a la Ley de Marcas, trasladaban la mercancía mediante encomiendas a esta ciudad, para su posterior venta en los locales comerciales, entre ellos el denominado "Divinas".
Secuencialmente, se analizaron los movimientos económicos de la firma y se detectaron inconsistencias millonarias entre las acreditaciones bancarias y las facturaciones. Este hallazgo fortaleció la hipótesis fiscal al momento de solicitar las medidas operativas, encuadradas penalmente como encubrimiento de contrabando agravado por habitualidad, en concurso ideal con comercialización de productos con marca falsificada. Estos delitos, a su vez, podrían tener vinculación real con el de lavado de activos, por lo que se avanzó con los allanamientos requeridos.
Allanamientos y secuestro
Se ejecutaron seis allanamientos, tres en locales comerciales, dos en domicilios particulares de las investigadas y otro un estudio contable. Como resultado de los procedimientos, se logró el secuestro de los siguientes bienes y elementos probatorios.
Dinero en efectivo: 352.228.990 millones de pesos y 4.500 dólares estadounidenses. Mercadería en infracción (Ley 22.415 y/o Ley 22.362): Alrededor de 263 bolsones de mercadería y 436 cajas de calzado. El valor de dicha mercadería aún resta ser determinado por la Aduana. Asimismo, se procedió a incautar 11 teléfonos celulares, más de 100 tarjetas SIM, 3 equipos de grabadora digital, un CPU, dos computadoras portátiles y numerosa documentación, la que ahora deberá ser analizada en el marco de la investigación penal.