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Durante meses, productores rurales del Valle de Lerma convivieron con el miedo, la bronca y la impotencia. El ganado desaparecía de los corrales en plena madrugada, alambrados aparecían cortados y los restos de los animales, cabezas, vísceras, cueros y costillares, quedaban tirados como una postal salvaje en caminos rurales de Rosario de Lerma, La Silleta y Cerrillos.
Ahora, tras una investigación extensa que El Tribuno siguió desde las primeras detenciones y allanamientos, la Justicia dictó condenas contra la organización señalada como responsable de una serie de hechos de abigeato, comercialización ilegal de carne y maniobras conexas que golpearon de lleno a productores agropecuarios de la región.
El principal condenado fue Eduardo Alberto Aguirre, alias "El Gordo", considerado por la fiscalía como el jefe de la estructura criminal. Recibió seis años de prisión efectiva. También fueron condenados: Paola Mabel Chocobar, alias "La Payaso": tres años de prisión de ejecución condicional. Elías Agustín Rivero: dos años y seis meses de prisión condicional. Rosario José Churquina, alias "Sueñito": dos años y seis meses de prisión condicional. Raúl Rafael Aguirre: dos años de prisión condicional. Varios de ellos deberán usar de tobilleras electrónicas y medidas perimetrales.
Pero el dato que más impacto generó entre los productores rurales fue otro. La reparación económica integral de 30 millones de pesos acordada para los damnificados, algo que rara vez se consigue en este tipo de causas penales vinculadas al delito rural.
El acta fue firmada este jueves por las partes y establece que el dinero será destinado a fortalecer la cooperadora policial creada por los propios finqueros de la zona Valle de Lerma, y víctimas de abigeato, quienes desde hace tiempo vienen colaborando con recursos, logística y apoyo para reforzar la seguridad rural ante el avance del delito en los campos del Valle de Lerma. Estos productores de fincas fueron fundamentales para sostener denuncias, aportar datos y empujar una investigación que demandó meses de trabajo coordinado.
Policía condenado
Otro de los capítulos más delicados del expediente fue la participación de un efectivo policial en actividad: Raúl Rafael Aguirre, hermano de "El Gordo". Según la acusación fiscal, el integrante de la Policía Rural suministraba información sobre controles, operativos y movimientos policiales que beneficiaban a la banda.
Finalmente fue condenado a dos años de prisión condicional por incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación de secretos, además de recibir la pena accesoria de inhabilitación.
La condena derivó en su salida de la fuerza, en un caso que generó malestar dentro del ámbito rural por el daño institucional que implicó que un policía destinado a combatir el abigeato terminara colaborando con la organización investigada.
Para muchos productores, ese punto fue uno de los más graves de la causa: mientras finqueros ponían dinero, vehículos y apoyo para enfrentar el robo de ganado, un integrante de la división especializada filtraba información sensible.
Muchos productores damnificados
Entre las víctimas se encontraban propietarios de las fincas San Ramón, Olmachea, Colón, La Falda y San Isidro, quienes denunciaron la sustracción de vacas holando argentinas valuadas en importantes sumas de dinero. Los investigadores advirtieron similitudes en todos los hechos: cortes de alambrados, traslado de animales a sectores alejados, desposte con el mismo patrón de cortes y utilización de caminos de escape y luego la distribución en carnicerías, para monetizar el delito.