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En un nuevo giro en el caso de la presunta estafa relacionada con la venta de terrenos en la zona del río Arias, en San Lorenzo, el procurador general, Pedro García Castiella, dispuso la creación de una Unidad Fiscal específica para investigar el caso. La medida responde a la gravedad de los hechos y a la cantidad de personas afectadas.
Más de 40 denuncias han sido presentadas por personas que aseguran haber sido engañadas en la compra de lotes en la zona de Atocha, al norte de la provincia. Los terrenos, que están declarados como inundables e inhabitables, fueron ofrecidos bajo promesas de cesión y regularización, pero se encontraron con un panorama de ilegalidad que afecta a familias en situación de vulnerabilidad social.
La maniobra de la venta ilegal de terrenos
El origen de la estafa se remonta a 2023, cuando, tras un desalojo en la ribera del río Arias, un abogado identificado como Santiago Pedroza se presentó ante las familias afectadas ofreciendo asesoramiento legal. Según las denuncias, Pedroza aseguró que iniciaría acciones judiciales para lograr la cesión de los terrenos, y les solicitó firmas de poderes para representarlos.
A lo largo de 2024 y 2025, se realizaron cobros irregulares a las familias, con montos que iban desde los 10.000 hasta los 450.000 pesos por persona, en concepto de trámites administrativos, limpieza de terrenos y gestiones ante organismos públicos. Estos pagos se realizaron en efectivo o mediante transferencias bancarias a cuentas particulares, sin entregar comprobantes de pago regulares.
Los denunciantes aseguran que nunca hubo trámites oficiales ni resoluciones favorables, lo que fue confirmado por autoridades locales, quienes explicaron que los recursos judiciales mencionados por Pedroza habían sido rechazados.
El papel de Santiago Pedroza y la investigación penal
La intervención del Ministerio Público Fiscal (MPF) en este caso se inició a partir de la denuncia de un hombre de 35 años que relató cómo fue engañado en la compra de un lote. El fiscal Ramiro Ramos Ossorio, interino en la Fiscalía Penal 2 de San Lorenzo, está a cargo de la investigación, que ya está en marcha para esclarecer los detalles de esta maniobra.
Además de la investigación penal, el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta resolvió denunciar de oficio al abogado Santiago Pedroza, solicitando al Tribunal de Ética y Disciplina una suspensión preventiva de su matrícula. En una resolución de abril de 2026, el Colegio expresó su preocupación por las “masivas denuncias públicas y penales” que lo involucran, remarcando que sus acciones representan una grave vulneración a los principios éticos de la abogacía.
La situación de los terrenos
El problema se agrava aún más al confirmarse que los terrenos vendidos no son aptos para el asentamiento humano. Según las autoridades de Tierra y Bienes, los lotes están en una zona inundable, lo que impide su uso para la construcción de viviendas. Este hecho, que aumenta la angustia de las familias afectadas, pone en evidencia la magnitud de la estafa y la irresponsabilidad de quienes se aprovecharon de la necesidad de la gente.
La comunidad de San Lorenzo, especialmente las más de 40 familias damnificadas, sigue a la espera de justicia y respuestas claras por parte de las autoridades. La investigación continúa, y se solicita a todos los afectados que se presenten con la documentación correspondiente para aportar pruebas adicionales a la causa.
Impacto social y económico
Este caso ha generado gran preocupación, no solo por las consecuencias legales para los involucrados, sino también por el impacto social que ha tenido en las familias afectadas. Muchas de ellas se encuentran ahora en una situación de vulnerabilidad aún mayor, tras haber entregado sumas significativas de dinero por terrenos que no tienen valor ni posibilidad de ser habitados.
Este caso subraya la necesidad de mayor control y regulación sobre las prácticas de venta de terrenos en zonas vulnerables, especialmente en aquellas donde se han registrado ocupaciones irregulares.
Convocatoria a nuevos damnificados
La Unidad Fiscal, que investiga esta presunta estafa, continúa convocando a todas las personas que puedan haberse visto perjudicadas por esta maniobra a que se presenten en la Delegación San Lorenzo, con la documentación que respalde sus denuncias. Es fundamental para avanzar en la investigación y lograr que los responsables sean sancionados.