inicia sesión o regístrate.
En el marco de la causa por la comercialización de lotes inhabitables e inundables en la zona del río Arias, un hombre fue detenido acusado de haber tenido participación activa en las maniobras defraudatorias que ya mantienen imputado y con arresto domiciliaria al abogado Santiago Pedroza.
La medida fue confirmada por los fiscales penales Ramiro Ramos Ossorio y Esteban Martearena, quienes integran la Unidad Fiscal que investiga al menos 40 denuncias relacionadas con la venta de terrenos ajenos, inhabitables y sin posibilidad legal de urbanización, en una operatoria que, según la hipótesis de la fiscalía, podría haber afectado a cerca de 400 personas, muchas de ellas familias en situación de vulnerabilidad social.
De acuerdo con la investigación, el hombre detenido este lunes habría cumplido un rol dentro de una organización dedicada a captar personas a través de punteros barriales, ofreciéndoles la posibilidad de acceder a un terreno propio mediante supuestas gestiones legales y administrativas que, según se descubrió posteriormente, carecían de sustento jurídico. La acusación sostiene que el sospechoso se presentaba ante los damnificados como abogado, generando confianza en las víctimas mientras se concretaban pagos millonarios por lotes ubicados en sectores no aptos para asentamientos humanos.
La audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria contra el nuevo detenido fue fijada para este martes 2 de junio, jornada en la que se conocerán formalmente los delitos que se le atribuyen y el rol que la fiscalía considera que habría tenido dentro de la estructura investigada.
El caso ya tiene como principal imputado al abogado Santiago Pedroza, quien permanece bajo arresto domiciliario mientras avanza la causa. Sobre él pesan imputaciones por múltiples hechos de estafa y asociación ilícita, en una investigación que se fue ampliando a medida que comenzaron a surgir nuevas denuncias de personas que aseguraron haber entregado importantes sumas de dinero bajo la promesa de acceder a terrenos que finalmente resultaron inhabitables, inundables o directamente imposibles de adjudicar legalmente.
Según pudo reconstruir la fiscalía, el origen de esta trama se remonta a 2023, cuando se produjo una ocupación ilegal de terrenos en la ribera del río Arias, en la zona de Atocha. Tras el posterior desalojo policial, un abogado habría aparecido ante las familias desalojadas ofreciendo asesoramiento legal y una supuesta alternativa habitacional. La propuesta consistía en gestionar la adjudicación de lotes mediante trámites administrativos y judiciales que, con el correr del tiempo, terminaron siendo cuestionados por organismos provinciales.
Las víctimas aseguran que entregaron sumas que iban desde los 500 mil pesos hasta montos cercanos a los 8 millones por familia. Los pagos, según consta en la investigación, se realizaban tanto en efectivo como mediante transferencias bancarias, muchas veces en domicilios particulares o incluso dentro del estudio jurídico atribuido al profesional investigado, con entrega irregular o incompleta de comprobantes.
Uno de los momentos que marcó un punto de quiebre en el caso ocurrió el pasado 16 de abril, cuando un grupo de damnificados decidió acudir a Casa de Gobierno para exigir respuestas. Allí, funcionarios provinciales informaron que no existían registros de los supuestos trámites mencionados por los presuntos responsables ante organismos como Recursos Hídricos o Tierra y Bienes, además de advertir que los recursos judiciales presentados habían sido rechazados.
Desde Tierra y Bienes fueron aún más categóricos al advertir que podría tratarse de una maniobra fraudulenta y recomendar a las familias avanzar con denuncias penales formales, situación que terminó impulsando la investigación que hoy se encuentra en manos de la Unidad Fiscal.
Uno de los puntos más delicados del expediente es la confirmación técnica de que los terrenos comercializados se encuentran en una zona inundable y no apta para asentamientos humanos, una situación que no solo pone en duda la legalidad de las operaciones, sino que además profundiza el perjuicio sufrido por las familias que apostaban a concretar el sueño de la casa propia.
Mientras la investigación continúa sumando elementos y posibles responsables, los fiscales Ramos Ossorio y Martearena reiteraron el pedido para que todas las personas que consideren haber sido víctimas de maniobras similares se presenten en la Delegación San Lorenzo de la Fiscalía Penal 2 con documentación respaldatoria, especialmente comprobantes de pago, transferencias, recibos o cualquier otro elemento que permita acreditar operaciones vinculadas a la causa.