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La investigación federal que busca determinar la existencia de una presunta estructura dedicada a obtener de manera fraudulenta pensiones no contributivas por invalidez sumó en los últimos días nuevos elementos de prueba que refuerzan la hipótesis de los investigadores.
Durante una serie de allanamientos realizados por Gendarmería Nacional en el departamento de Anta fueron secuestradas radiografías, estudios clínicos y documentación que, según la pesquisa, habrían sido utilizados para simular enfermedades y justificar el otorgamiento irregular de beneficios sociales.
Los procedimientos se llevaron a cabo esta semana por disposición del Juzgado Federal de Garantías N° 2 y alcanzaron nueve inmuebles ubicados en las localidades de Joaquín V. González, Gaona y El Quebrachal. Las medidas fueron ejecutadas por efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Salta" de Gendarmería Nacional, que trabaja desde hace más de un año y medio en el caso.
La investigación es coordinada por la Unidad Fiscal Federal de Salta y tiene como eje una presunta organización que habría montado un mecanismo destinado a gestionar pensiones por invalidez para personas que no padecían las patologías declaradas en los expedientes.
De acuerdo con la información oficial, la maniobra combinaba la participación de operadores políticos, profesionales de la salud y otros actores vinculados al circuito administrativo necesario para obtener las prestaciones.
Según la hipótesis fiscal, la estructura funcionaba en distintas localidades del departamento de Anta y tenía como uno de sus principales objetivos captar personas en situación de vulnerabilidad económica. A través de punteros políticos se ofrecía la posibilidad de acceder a una pensión no contributiva y, a cambio, se solicitaba apoyo electoral.
La causa se originó en noviembre de 2024 a partir de una denuncia preliminar. A medida que avanzó la investigación y se detectó la complejidad del entramado, en junio de 2025 se conformó un equipo especial integrado por miembros de tres fiscalías descentralizadas para profundizar las tareas investigativas y el análisis de la información obtenida.
Los investigadores sostienen que para concretar las maniobras era indispensable la participación de profesionales de la salud encargados de emitir certificados y respaldos médicos. Entre las patologías que aparecían de manera recurrente en los expedientes bajo sospecha figuraban la enfermedad de Chagas y diversas afecciones severas de la columna vertebral.
Justamente, uno de los hallazgos más relevantes de los últimos allanamientos estuvo relacionado con este tipo de documentación. Según informó Gendarmería, en una de las viviendas allanadas se encontró una importante cantidad de radiografías de tórax y columna pertenecientes a distintas personas. Los investigadores detectaron que cerca del 90 por ciento de las placas mostraban desviaciones de columna y que algunas incluso tenían espacios en blanco destinados a completar posteriormente los datos identificatorios del supuesto paciente.
Elementos clave para el caso
Fuentes oficiales señalaron que el material secuestrado fortaleció la hipótesis de la existencia de una estructura organizada para obtener de manera irregular beneficios previsionales y sociales
Tras los procedimientos, la Justicia evalúa avanzar con la imputación de otras ocho personas. Entre los nombres que podrían ser incorporados a la causa figuran tres médicos y nuevos funcionarios políticos que habrían tenido algún grado de participación en las maniobras investigadas.
Sospechan que se reutilizaban estudios
Además, se secuestraron estudios clínicos con resultados positivos de Chagas que serían copias de análisis originales utilizados para respaldar expedientes de diferentes beneficiarios. La pesquisa también apunta a determinar si existían laboratorios utilizados para confeccionar documentación médica falsa o adulterada.
De acuerdo con la información incorporada al expediente, en algunos casos un mismo estudio médico habría sido reproducido y reutilizado para justificar trámites correspondientes a distintas personas. Asimismo, los investigadores detectaron situaciones en las que certificados de discapacidad habrían sido firmados por personas que no poseían título médico habilitante.
La causa ya había registrado un avance significativo en septiembre de 2025, cuando el Juzgado Federal de Garantías N° 1 ordenó una serie de allanamientos simultáneos en hospitales públicos, clínicas privadas y domicilios particulares. Aquellos procedimientos permitieron secuestrar documentación y soportes informáticos que posteriormente dieron lugar a las primeras imputaciones por asociación ilícita, defraudación a la administración pública, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En esta nueva etapa de la investigación, las medidas alcanzaron también al hospital Enrique Romero de El Quebrachal y a domicilios vinculados con profesionales de la salud que prestan o prestaron servicios en ese establecimiento.
Las nuevas evidencias recolectadas durante los allanamientos están siendo analizadas por la Justicia Federal.