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La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, ordenó allanamientos en dos viviendas de efectivos de la Policía de Salta investigados por una presunta maniobra de falsificación de certificados de antecedentes penales.
La causa se inició tras la denuncia por la desaparición de once troqueles de seguridad utilizados para validar estos documentos. La investigación permitió vincular a dos agentes policiales con la confección irregular de certificados y el cobro de dinero por la realización de esos trámites.
Según la pesquisa, dos docentes habrían obtenido certificados con troqueles denunciados como faltantes luego de pagar 32 mil pesos a través de una transferencia bancaria. Los investigadores identificaron a un policía como gestor de los trámites y determinaron que el dinero fue depositado en la cuenta de otro efectivo que trabajaba en el área de Dactiloscopía.
Además, el análisis de registros informáticos, movimientos bancarios y comunicaciones telefónicas reveló transferencias y contactos entre los sospechosos en fechas clave para la investigación. También se detectó el presunto uso irregular de sistemas informáticos, sellos institucionales y troqueles de seguridad sustraídos.
Los allanamientos se realizaron en los barrios Juan Manuel de Rosas y San Isidro, donde se secuestró documentación y teléfonos celulares. La medida fue autorizada por el juez Diego Rodríguez Pippino.