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La condena a prisión perpetua impuesta al exinspector de la Delegación Salta de la Policía Federal Argentina (PFA) Juan Carlos Alzugaray cerró un nuevo capítulo judicial sobre uno de los hechos ocurridos antes del golpe de Estado de 1976. Pero, además de la pena, el juicio dejó una reconstrucción de cómo actuaron las fuerzas de seguridad durante el operativo realizado el 20 de abril de 1975 en una vivienda de San Lorenzo.
El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta, integrado por la jueza Gabriela Catalano y los jueces Diego Matteucci y Abelardo Basbús, consideró acreditado que el procedimiento no tuvo como finalidad detener a los militantes René Esteban Locascio Terán y Ramón Antonio Díaz Romero, sino ejecutarlos y presentar el hecho como un enfrentamiento armado.
El tribunal condenó a Alzugaray como coautor funcional del delito de homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, en un hecho calificado como crimen de lesa humanidad. También dispuso que continúe cumpliendo la pena bajo el régimen de prisión domiciliaria. Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el 30 de julio.
Durante el juicio, la fiscalía sostuvo que la versión oficial difundida en aquel momento quedó desvirtuada por la prueba reunida a lo largo de la investigación.
"Todo fue una operación mascarada para matarlos"
El fiscal Carlos Amad afirmó que "todo fue una operación mascarada para matarlos" y dijo que las evidencias demostraban que las víctimas no realizaron disparos ni utilizaron la granada que llevaban consigo.
"La evidencia demuestra que las víctimas no hicieron un solo disparo. Tampoco utilizaron la granada que llevaban consigo. Si realmente hubiera existido un enfrentamiento, lo esperable habría sido que intentaran defenderse, pero eso nunca ocurrió", sostuvo durante el debate.
Para la fiscalía, esa circunstancia demostraba que Locascio Terán y Díaz Romero nunca tuvieron posibilidad de defenderse. "Los ejecutaron cuando dormían", afirmó Amad al describir el desarrollo del operativo.
La investigación también reconstruyó que la vivienda ubicada sobre calle Lugones ya se encontraba bajo vigilancia antes de la llegada de las víctimas y que el despliegue policial había sido preparado previamente.
Según la acusación, el procedimiento fue organizado pocos días después de un atentado contra un directivo de la empresa Ledesma, en Jujuy, cuando las fuerzas de seguridad identificaron a las dos víctimas como integrantes de Montoneros.