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La Fiscal Penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, continúa adelante con la investigación iniciada para esclarecer un presunto hecho de contaminación ambiental relacionado con un antiguo pozo petrolero ubicado en el área Lomas de Olmedo, luego de que el Juzgado de Garantías rechazara distintos planteos formulados por la defensa de uno de los imputados y confirmara la continuidad de la actuación del Ministerio Público Fiscal.
Durante la investigación, la Fiscalía impulsó numerosas medidas probatorias destinadas a reconstruir el origen de la surgencia detectada en el pozo, determinar las condiciones en que fue perforado, explotado y posteriormente abandonado, analizar las intervenciones realizadas por las distintas empresas que tuvieron la concesión del área a lo largo de los años y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder.
Asimismo, el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, creó una Unidad Fiscal integrando a la fiscal civil de Orán, Dra. Marcela de los Ángeles Fernández, para que inste las cuestiones reparativas socioambientales en el caso. Además agregó la disponibilidad del Ingeniero en Recursos Naturales Joel Medina y la Geóloga Melina Celedon del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), para que trabajen en las medidas técnicas forenses necesarias.
Como parte de esas actuaciones, se incorporó abundante documentación técnica, antecedentes administrativos, informes de organismos competentes y pericias especializadas, entre ellas un informe elaborado por un ingeniero en petróleo que analiza las características constructivas del pozo, su historia operativa y las posibles causas técnicas que habrían originado la pérdida detectada en 2023.
El informe producido por los profesionales del CIF ya fue presentado al Juzgado de Garantías interviniente por la Unidad Fiscal. En este se evalúa con la información existente en el legajo los procesos que dieron lugar a las emanaciones descontroladas de gases y fluidos en la locación LO-X10 y las consecuencias de daño grave al ecosistema observadas en superficie.
Las empresa President Petroleum S.A. ofreció un informe de un especialista en Petróleo, Ing. Miguel Ángel Basile, que por su parte concluye que la surgencia podría vincularse con un deficiente abandono del pozo y con procesos de corrosión o roturas producidas con el paso del tiempo, aspectos que forman parte de las hipótesis que son objeto de investigación.
En el marco del proceso, la defensa de uno de los imputados promovió un incidente de recusación contra la fiscal María Sofía Fuentes, alegando una supuesta falta de objetividad en la conducción de la investigación.
Tras analizar los argumentos expuestos, el Juzgado de Garantías rechazó el planteo al considerar que no se acreditó ninguna de las causales legales previstas para apartar a la representante del Ministerio Público Fiscal. En su resolución, el magistrado oranense sostuvo que las diferencias manifestadas por la defensa respecto de la estrategia investigativa o de determinadas decisiones procesales no constituyen prueba de parcialidad ni de pérdida de objetividad.
Asimismo, destacó que la actuación de la fiscal se ajustó a las facultades que le otorga el Código Procesal Penal para impulsar la acción penal, disponer medidas investigativas y conducir la investigación desde la recepción de la noticia criminis, señalando además que la defensa contó en todo momento con asistencia técnica y posibilidad de ejercer plenamente sus derechos procesales. En consecuencia, resolvió que la fiscal Fuentes continúe al frente de la investigación.
En otra resolución vinculada al mismo expediente, el Juzgado también declaró abstracto un planteo de nulidad presentado por la defensa contra el decreto que dispuso una ampliación de imputación.
Al resolver, el magistrado recordó que la cuestión ya había sido objeto de análisis judicial y que esa decisión se encontraba recurrida, por lo que no correspondía volver a pronunciarse sobre los mismos agravios.
Además, resaltó que la citación a audiencia de imputación constituye un acto procesal destinado a garantizar el derecho de defensa del imputado y que la investigación puede continuar mientras no exista una resolución firme que disponga lo contrario.
En resumidas cuentas, las resoluciones judiciales ratifican la validez de las actuaciones impulsadas por la Fiscalía Penal de Pichanal en el marco de la Unidad y permiten que continúe la producción de prueba para esclarecer las causas del presunto delito y su resultado de daño ambiental, identificar a los eventuales responsables y determinar si existieron incumplimientos de las obligaciones legales vinculadas con la explotación y abandono del pozo investigado.
La investigación permanece en trámite y la Unidad Fiscal continúa desarrollando medidas técnicas y procesales orientadas al completo esclarecimiento de los hechos, la cuantificación del daño ambiental y la estimación de los costos de su recomposición.