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Seis allanamientos simultáneos se realizaron en el marco de una investigación por presuntas estafas reiteradas vinculadas a inversiones, compra y alquiler de vehículos. Los procedimientos fueron solicitados por la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, interina en la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC).
Las medidas fueron autorizadas por el Juzgado de Garantías 2 del distrito Centro y estuvieron a cargo de personal de la Unidad UDEC del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Como resultado del operativo, los investigadores secuestraron 12 automóviles, teléfonos celulares, dispositivos informáticos, documentación considerada de interés para la causa y el pasaporte de uno de los sospechosos.
La investigación se inició tras la presentación de cinco denuncias de particulares que afirmaron haber sufrido perjuicios patrimoniales millonarios mediante maniobras similares. Según consta en las actuaciones, los investigados se habrían presentado como responsables de las firmas Gerala Foa S.R.L. y Naireibis S.R.L.
A través de esas sociedades habrían ofrecido diferentes alternativas de inversión relacionadas con la compra y el alquiler de vehículos, además de captar capitales con promesas de rendimientos mensuales en dólares. De acuerdo con los denunciantes, luego de recibir importantes sumas de dinero o vehículos, los sospechosos dejaron de cumplir con los pagos acordados. También habrían entregado garantías sin valor efectivo y comercializado automóviles que registraban prendas u otras restricciones que impedían su transferencia.
La Fiscalía analiza de manera conjunta los cinco hechos ante la posible existencia de un esquema financiero similar a un sistema Ponzi. La hipótesis sostiene que los primeros pagos realizados a algunos inversores podrían haberse financiado con el dinero aportado posteriormente por nuevos participantes. Las tareas investigativas permitieron identificar oficinas comerciales, viviendas particulares y un predio ubicado en la zona de Las Costitas, en San Lorenzo. Según testimonios incorporados al expediente, en ese lugar se habría resguardado parte de la flota utilizada por las empresas investigadas.
Además, se estableció que algunos de los vehículos estarían siendo utilizados para prestar servicios mediante plataformas de transporte. Otros habrían sido trasladados a diferentes provincias, presuntamente con el objetivo de dificultar su localización.
Durante la investigación también se detectaron frecuentes desplazamientos de los sospechosos entre Salta, Buenos Aires y destinos internacionales como Brasil, Chile y Portugal. Esta circunstancia fue considerada por la Fiscalía al solicitar medidas destinadas a evitar posibles riesgos procesales.
En ese contexto, Salinas Odorisio requirió al juez de Garantías Ignacio Colombo la inmovilización de las cuentas bancarias vinculadas con las personas y sociedades investigadas, la detención de dos de los sospechosos y la prohibición de salida del país para los tres involucrados.