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La angustia de una familia terminó con la intervención de la Fiscalía de Derechos Humanos. Dos adolescentes de 13 años fueron demorados tras una denuncia por supuestos daños en un inmueble y sus padres denunciaron que pasaron varias horas sin saber dónde estaban. El caso tomó estado público a partir de un video difundido en redes sociales y derivó en una investigación de oficio para determinar si el procedimiento policial se ajustó a la normativa vigente.
La fiscal penal de Derechos Humanos, Claudia Geria, abrió una actuación para reconstruir lo ocurrido y verificar si se respetaron los protocolos que deben aplicarse cuando intervienen niños, niñas o adolescentes. Según el parte oficial, los progenitores manifestaron que recién fueron informados con posterioridad de que sus hijos se encontraban demorados y que habían sido trasladados para la realización de un examen médico legal.
La falta de información sobre el paradero de los adolescentes generó preocupación en sus familias y llegó incluso a motivar la activación del protocolo de búsqueda de personas extraviadas. Ese dato encendió las alarmas en la Fiscalía, que tomó intervención tras conocer el video en el que los padres cuestionaban el procedimiento llevado adelante por personal policial.
De acuerdo con la información preliminar, la intervención policial se habría iniciado luego de la denuncia de un particular. Esa persona habría retenido a los dos adolescentes hasta la llegada de los efectivos, luego de señalar que los menores habrían ocasionado daños en el portón de un inmueble.
Ante la urgencia del caso, desde la Fiscalía se intentó establecer comunicación en reiteradas oportunidades con la Subcomisaría Villa El Sol, pero no hubo respuesta. Frente a esa situación, la fiscal Geria debió recurrir a la directora del Distrito de Prevención 1, Gabriela Zapana, quien dispuso que la jefatura de la dependencia policial se comunicara con la Fiscalía.
Posteriormente, la comisario Caresana Tenorio, jefa de la Comisaría Villa El Sol, mantuvo contacto con la fiscal interviniente. A partir de allí, la Fiscalía solicitó con carácter urgente la remisión de copias certificadas de todas las actuaciones originadas por la demora de los adolescentes y de toda la documentación vinculada al procedimiento policial.
El objetivo de esa medida es reconstruir cronológicamente los hechos y verificar si se cumplió con la normativa y los protocolos vigentes. La fiscal también pidió la individualización de todo el personal policial que participó del procedimiento, con el detalle de la intervención y responsabilidad de cada efectivo.
La investigación deberá establecer, además, qué funcionarios tuvieron a su cargo la custodia de los adolescentes, quiénes intervinieron en el traslado para el examen médico legal y quiénes eran responsables de la comunicación con los progenitores.
En ese marco, la Fiscalía analizará los libros de guardia y de novedades de la dependencia policial, los registros de ingreso y egreso de los adolescentes, las actuaciones relacionadas con el traslado médico legal, las comunicaciones mantenidas entre el personal policial y otras dependencias, y toda otra documentación que permita determinar cómo se desarrolló el procedimiento.
La fiscal Geria también anticipó que, de resultar necesario, se ordenará el relevamiento y secuestro de registros fílmicos de la dependencia policial y de cámaras de seguridad públicas o privadas que pudieran haber captado el procedimiento.
Entre las posibles medidas probatorias también se prevé la recepción de declaraciones testimoniales del personal policial interviniente, del denunciante, de los padres de los adolescentes y de cualquier otra persona que pueda aportar información relevante para esclarecer lo ocurrido.
Otro punto clave será la incorporación de los protocolos de actuación aplicables a procedimientos con niños, niñas y adolescentes. La Fiscalía buscará determinar si la demora, la custodia, el traslado y la comunicación a la familia se realizaron conforme al marco legal correspondiente.
Según destacó la fiscal Claudia Geria, la investigación tiene como finalidad establecer si la comunicación con los progenitores se realizó en tiempo oportuno, si la demora y el traslado de los adolescentes para el examen médico legal se concretaron de acuerdo con los protocolos vigentes y si las medidas adoptadas resultaban proporcionales a las circunstancias que motivaron la intervención policial.
También se analizará si el accionar del personal interviniente garantizó el pleno respeto de los derechos y garantías de los adolescentes, un aspecto central tratándose de menores de edad y de un procedimiento que derivó en varias horas de incertidumbre para sus familias.