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La Cámara Federal de Casación Penal ordenó revisar la decisión que había rechazado otorgar una reparación integral a un hombre que fue privado ilegalmente de su libertad y torturado en Tucumán, así como a su pareja, al considerar que el acceso a una indemnización no puede quedar condicionado a que las víctimas se hayan constituido previamente como actores civiles en el proceso penal.
La resolución fue adoptada por la Sala I del máximo tribunal penal del país, que hizo lugar parcialmente a los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal y la querella. En consecuencia, anuló el punto de la sentencia del Tribunal Oral Federal de Tucumán que había rechazado la reparación económica y ordenó que ese tribunal dicte un nuevo pronunciamiento exclusivamente sobre esa cuestión.
El fallo mantuvo sin cambios las condenas impuestas a los cuatro acusados y también confirmó la calificación legal de los hechos, las penas y la valoración de la prueba realizada durante el juicio.
El caso
La investigación determinó que el 10 de noviembre de 2022 tres hombres, con la colaboración de una mujer policía, privaron ilegalmente de la libertad a la víctima en la localidad tucumana de Lules.
Según quedó acreditado en el debate oral, el hombre fue interceptado en una plaza, obligado a subir a un automóvil y trasladado a distintos domicilios, donde permaneció cautivo. Durante ese tiempo sufrió golpes, quemaduras provocadas con una plancha y lesiones con una pinza, antes de recuperar la libertad.
Mientras permanecía secuestrado, los captores se comunicaron con su pareja para exigir dinero con el objetivo de saldar una supuesta deuda vinculada con criptoactivos. Sin embargo, la víctima fue liberada sin que se concretara ningún pago.
Por estos hechos, el Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó en octubre de 2025 a los cuatro imputados por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada, con penas que oscilaron entre dos años y seis meses y cinco años de prisión.
El reclamo
La fiscal general Indiana Garzón había sostenido que los hechos debían ser considerados como un secuestro extorsivo agravado y cuestionó, además, que el tribunal hubiera rechazado la reparación integral solicitada por la Defensoría Pública de la Víctima.
Al sostener el recurso ante Casación, el fiscal general Javier De Luca coincidió con ese planteo y argumentó que el derecho de las víctimas a ser indemnizadas surge del artículo 29 del Código Penal y no exige la constitución previa como actor civil.
Qué resolvió Casación
Los jueces Diego Barroetaveña, Javier Carbajo y Gustavo Hornos rechazaron los planteos relacionados con la responsabilidad penal de los condenados, las penas y la calificación jurídica de los hechos, al considerar que la sentencia estaba debidamente fundada.