inicia sesión o regístrate.
¿Qué hay detrás de la organización a la que le secuestraron más de 190 kilos de cocaína? Un supuesto taller chapista sobre calle Gurruchaga que, según la investigación, funcionaba como centro logístico para acondicionar los cargamentos. Según la causa, el búnker de operaciones funcionaba en un inmueble en calle Alberdi al 1100. Hay más: detectaron que camionetas cambiaban constantemente de ubicación. Teléfonos celulares que eran reemplazados una y otra vez para dificultar cualquier seguimiento. Durante seis meses, la Fiscalía Federal reconstruyó el funcionamiento de una organización que había montado su estructura en plena ciudad de Salta.
El 21 de julio, esa investigación culminó con uno de los mayores golpes al narcotráfico registrados este año en la provincia: el secuestro de más de 190 kilos de cocaína, diez allanamientos simultáneos en Salta Capital y Cerrillos y la detención de siete personas.
En la audiencia de formalización de la investigación penal comenzaron a conocerse más detalles de cómo operaba la organización. Allí, según trascendió, el fiscal general federal Eduardo Villalba describió el funcionamiento de la estructura, el rol que habría desempeñado cada uno de los imputados y el trabajo realizado durante seis meses por la Unidad Fiscal Federal, la Policía de Salta y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Tras escuchar la acusación y valorar los elementos reunidos durante la pesquisa, la jueza federal N°2, Mariela Giménez, hizo lugar al pedido de la Fiscalía y dictó la prisión preventiva para los siete acusados.
La investigación, por cierto, empezó en febrero. La incautación de un cargamento de estupefacientes permitió advertir que el transporte de la droga no era un hecho aislado. Detrás existía una estructura organizada que operaba desde la ciudad de Salta y que contaba con una logística preparada para mover importantes cargamentos de cocaína.
A partir de esa información comenzó una investigación encabezada por la Unidad Fiscal Federal junto con la Policía de Salta y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
La pesquisa contó con la participación de la fiscal auxiliar Roxana Gual, mientras que las distintas medidas judiciales fueron autorizadas por la jueza federal Mariela Giménez. Uno de los primeros lugares que llamó la atención de los investigadores fue un taller chapista ubicado sobre calle Gurruchaga.
El Tribuno se comunicó con el fiscal federal Eduardo VIllalba, quien prefirió no dar detalles de la investigación porque aún sigue en curso. No obstante, destacó el trabajo coordinado de la Fiscalía, la Policía de la Provincia y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Con el avance de la pesquisa concluyeron que el lugar prácticamente no desarrollaba una actividad. Se sospecha que el inmueble era utilizado principalmente como un centro logístico donde se acondicionaban los cargamentos antes de ser trasladados hacia la ruta.
Las tareas de vigilancia mostraban un mismo patrón: las camionetas utilizadas por la organización ingresaban al lugar y poco después emprendían viaje. Ese movimiento repetido terminó por convertir al supuesto taller en una de las piezas centrales de la investigación.
La investigación también permitió identificar el sitio desde donde se coordinaban buena parte de las operaciones. La organización tendría su principal base sobre calle Alberdi al 1100.
Desde allí se habrían coordinado los movimientos de los vehículos. Para los investigadores, uno de los datos más llamativos fue comprobar que la estructura funcionaba desde distintos inmuebles ubicados dentro del casco urbano.
Los roles de los implicados
Los investigadores detectaron que los integrantes de la supuesta banda utilizaban principalmente una Volkswagen Amarok y una camioneta Toyota, que eran trasladadas constantemente de un punto a otro de la ciudad. Los vehículos nunca permanecían demasiado tiempo en el mismo lugar. A esa modalidad se sumaba otra medida de seguridad: el cambio permanente de teléfonos celulares y de líneas telefónicas.
La investigación permitió establecer que la organización tenía una estructura claramente jerarquizada. En la conducción aparecía una pareja que concentraba las decisiones y dirigía el funcionamiento general de la banda. Ambos coordinaban los movimientos de los demás integrantes y definían las operaciones vinculadas al transporte de la cocaína.
Debajo de ellos se encontraba un hombre considerado el principal colaborador del presunto líder.
Según la acusación, acompañaba prácticamente todos los movimientos importantes y ejecutaba las decisiones operativas. Otro integrante cumplía una función considerada clave para el funcionamiento de la organización: conseguir teléfonos celulares, facilitar el cambio permanente de líneas y mover las camionetas utilizadas por la banda para evitar que los investigadores pudieran detectar rutinas.
La pesquisa también identificó a una mujer cuya participación estaría vinculada con la comercialización de parte de la droga al menudeo. Otra de las imputadas fue detenida mientras trasladaba el cargamento secuestrado, aunque la investigación continúa para establecer su rol.
También permanece bajo análisis el rol de otro integrante que manejaba importantes sumas de dinero.
El operativo en Cabeza de Buey
Con la información acopiada en estos meses, la Fiscalía y las fuerzas de seguridad montaron un operativo sobre la ruta nacional 9, a la altura de Cabeza de Buey. Allí interceptaron una camioneta Volkswagen Amarok conducida por una de las integrantes de la organización. Durante la requisa encontraron más de un centenar de paquetes de cocaína ocultos en distintos sectores del vehículo.
En forma simultánea también fue interceptado un Toyota Etios vinculado con la investigación. Los procedimientos continuaron con diez allanamientos simultáneos en Capital y Cerrillos.
Como resultado de esas medidas fueron secuestrados otros ladrillos de cocaína, dinero en efectivo, dólares estadounidenses, armas de fuego, teléfonos celulares, vehículos y otros elementos considerados de interés para la causa. En total, la investigación permitió secuestrar más de 190 kilogramos de cocaína.
Un niño viajaba en uno de los vehículos de la banda
En la audiencia en la Justicia federal, según trascendió, el fiscal Eduardo Villalba puso el foco en que en una de las camionetas interceptadas era conducida por la pareja del presunto líder de la organización y que junto a ella viajaba el hijo menor de ambos.
En esa audiencia, el fiscal advirtió sobre el impacto que un procedimiento de esas características puede provocar en un niño y sostuvo que, en ocasiones, la presencia de hijos menores termina siendo utilizada posteriormente como argumento para solicitar beneficios procesales, como la prisión domiciliaria.
Aunque el operativo permitió desarticular la organización, detener a siete personas y obtener la prisión preventiva para todos los imputados, la investigación todavía no está concluida.
Los investigadores continúan trabajando para determinar si existieron otros colaboradores, reconstruir la totalidad de la estructura y profundizar el análisis sobre el rol que cumplía cada uno de sus integrantes.
"Han hecho un equipo perfectamente articulado en una de las investigaciones más complejas que tuvieron que enfrentar. Fue un trabajo de 24 horas por siete días durante seis meses", sostuvo el fiscal en el referencia a la Policía de Salta y la PSA.