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Una banda de estafadores integrada por numerosas personas finalmente fue sentenciada por la justicia salteña. Seis de sus miembros se acogieron a los beneficios de un juicio abreviado.
En el debate seis estafadores fueron condenados por integrar una asociación ilícita dedicada a cometer estafas mediante el uso de cheques electrónicos. Dos de ellos recibieron penas de prisión de cumplimiento efectivo por su rol como jefes u organizadores de la organización.
La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado pleno en la que seis hombres fueron condenados por maniobras defraudatorias mediante el uso de cheques electrónicos.
El juez Leonardo Feans hizo homologó al acuerdo alcanzado entre las partes y condenó a Héctor Rubén Jiménez y Juan Carlos Sacarías a la pena de cinco años de prisión de ejecución efectiva, por resultar coautores de los delitos de asociación ilícita, en calidad de jefes u organizadores, y estafas.
Asimismo, condenó a Cristian Ignacio Illescas, Fabricio Isaías Sacarías Galindo y Marcos Damián Ruiz a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, por resultar coautores de los delitos de asociación ilícita, en calidad de miembros, y estafas.
En tanto, Emanuel Nolberto Álvarez fue condenado a la pena de un año de prisión de ejecución condicional por el delito de estafa. A pedido del Ministerio Público Fiscal, además, se dispuso el sobreseimiento de Leandro Nicolás Lozano.
Los representantes de las tres empresas damnificadas prestaron conformidad al acuerdo alcanzado. Por su parte, la Fiscalía y las defensas renunciaron a los plazos para recurrir la sentencia. La Fiscalía solicitó el decomiso de los bienes secuestrados.
La investigación de la UDEC se inició a partir de denuncias realizadas por tres empresas que resultaron damnificadas mediante maniobras con cheques electrónicos que realizaron los condenados en elcitado juicio abreviado.
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Los investigadores determinaron que, entre septiembre de 2022 y abril de 2023, Jiménez y Sacarías, en su carácter de jefes u organizadores, actuaron junto al resto de los integrantes mediante una distribución de tareas previamente establecida. Previamente habían reclutados gente insolvente para abrir cuentas bancarias que luego ellos manejaban a discreción.
Los montos de las compras que realizó la banda eran millonarios. Todo lo secuestrado en la causa fue decomisado por la justicia.