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La causa por la muerte de Tomás, un niño de 5 años atropellado en La Merced, fue elevada a juicio. José Miguel Plaza será juzgado por el delito de homicidio culposo por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor, agravado por conducir estando inhabilitado y por circular a más de 30 kilómetros por hora por encima de la velocidad máxima permitida. También deberá responder por las lesiones culposas sufridas por la madre del menor.
El requerimiento a juicio fue presentado por el fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, tras concluir la investigación penal preparatoria y considerar que las pruebas reunidas son suficientes para que el caso sea debatido en un juicio oral.
En la acusación, el fiscal expone las declaraciones testimoniales, la pericia accidentológica, el análisis de registros fílmicos, el informe de autopsia, las historias clínicas, los resultados de los estudios toxicológicos y otras pericias incorporadas durante la investigación.
El hecho
Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió el 5 de abril de 2026, cuando una mujer cruzaba la avenida Hipólito Yrigoyen, en la localidad de La Merced, por la senda peatonal junto a su hijo, quien se desplazaba en bicicleta. En esas circunstancias, ambos fueron embestidos por una camioneta conducida por Plaza.
Como consecuencia del impacto, el niño sufrió lesiones de extrema gravedad que le provocaron la muerte horas después, mientras que su madre resultó con diversas lesiones.
La investigación determinó que el acusado circulaba a aproximadamente 72,75 kilómetros por hora en un sector donde la velocidad máxima permitida era de 30 kilómetros por hora. Además, la Fiscalía sostiene que las víctimas cruzaban correctamente por la senda peatonal y que, de haber respetado el límite de velocidad, el vehículo habría podido detenerse antes del punto de impacto y evitar el siniestro.
La acusación también señala que, al momento del hecho, Plaza se encontraba legalmente inhabilitado para conducir por una sanción administrativa vigente, impuesta luego de haber sido detectado meses antes manejando con 1,49 gramos de alcohol por litro de sangre.