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El reconocido abogado salteño Santiago Pedroza fue condenado a tres años de prisión condicional y recibió una inhabilitación de cinco años para ejercer la profesión, luego de admitir su responsabilidad en una causa por una serie de maniobras fraudulentas vinculadas con la comercialización irregular de terrenos.
La sentencia fue dictada en el marco de un juicio abreviado, donde el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por los fiscales penales Ramiro Ramos Ossorio y Esteban Martearena, quienes acusaron a Pedroza como autor de los delitos de asociación ilícita, estafas y usurpación de propiedad.
Junto al abogado también fue condenado Roberto Fernando López, quien, según la investigación, formaba parte de la estructura delictiva y se presentaba falsamente como abogado para realizar gestiones y facilitar las maniobras. López fue condenado por asociación ilícita y ejercicio ilegítimo de una actividad o profesión, en concurso real, con una pena de tres años de prisión condicional.
Perjuicio económico
Luego de que ambos acusados confesaran los hechos y aceptaran la responsabilidad atribuida, el juez del Distrito Judicial Centro, Diego Rodríguez Pipino, homologó el acuerdo alcanzado entre las partes.
En el caso de Pedroza, además de la condena se estableció la obligación de reparar el daño económico ocasionado a las víctimas, estimado en más de 21 millones de pesos. Por su parte, López deberá afrontar la reparación económica fijada en 3 millones de pesos.
Terrenos inundables
La investigación judicial determinó que ambos participaron de una organización dedicada a ofrecer y comercializar terrenos ajenos ubicados en zonas que no eran aptas para asentamientos, debido a sus características de inundabilidad e imposibilidad de urbanización.
Según la acusación, Pedroza habría tenido un rol central dentro de la estructura, mientras que López se encargaba de tomar contacto con algunos damnificados utilizando una identidad falsa y presentándose como profesional del derecho.
El expediente se inició luego de denuncias realizadas por familias que aseguraron haber entregado importantes sumas de dinero con la promesa de acceder a lotes ubicados en distintos sectores de la provincia.
De acuerdo con las denuncias incorporadas a la causa, tras el desalojo de ocupaciones ilegales en terrenos ubicados sobre la ribera del río Arias, Pedroza se habría presentado ante algunas familias ofreciendo asesoramiento legal y supuestas gestiones para lograr adjudicaciones.
Los pagos realizados por los damnificados iban desde 500 mil pesos hasta casi 8 millones de pesos por familia, mediante entregas en efectivo o transferencias, algunas realizadas en domicilios particulares y otras en el estudio jurídico del abogado.
Allanamiento y avance de la investigación
En el marco de la investigación, el pasado 15 de mayo la Fiscalía solicitó un allanamiento en el estudio jurídico de Pedroza, ubicado en calle Córdoba 271 de la ciudad de Salta, medida que contó con la presencia de un veedor del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta.
Durante el procedimiento se realizaron constataciones y se secuestraron elementos que, según la Fiscalía, estaban vinculados con la comercialización de lotes que no contaban con habilitación legal y que se encontraban en zonas declaradas como inundables por organismos provinciales.
La causa había comenzado a partir de la denuncia de un hombre de 35 años que afirmó haber sido engañado en la compra de un lote en Atocha. Con el avance de la investigación, más familias se sumaron al expediente y desde la Justicia estimaron que alrededor de 400 personas podrían haber sido afectadas por la maniobra.