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La investigación por la muerte del pequeño Thiago Altamirano sumó la decisión de su familia paterna de designar al abogado salteño Pedro Javier Arancibia para que asuma la representación legal en la causa y encabece la búsqueda de justicia por el fallecimiento del niño.
La incorporación del letrado marca un nuevo paso en el expediente judicial, ya que el padre de Thiago, Matías Altamirano, junto a sus familiares, resolvió constituirse como querellante particular con el objetivo de participar activamente en la investigación, impulsar medidas de prueba y acompañar el proceso penal hasta el esclarecimiento de los hechos.
Desde el entorno familiar señalaron que la decisión responde a la necesidad de contar con una defensa "profesional, rigurosa y comprometida" que permita avanzar en el conocimiento de la verdad y en la determinación de todas las responsabilidades que pudieran surgir de la investigación.
Arancibia y su equipo ya comenzaron a interiorizarse de las actuaciones judiciales para definir las primeras estrategias procesales y trabajar en forma coordinada con la Unidad de Graves Atentados contra las Personas Nº 2, que conduce el fiscal penal Daniel Espilocín.
La muerte de Thiago provocó conmoción en la provincia luego de que el niño ingresara con graves lesiones al Hospital Papa Francisco y falleciera pocas horas después en el Materno infantil. Por el hecho permanecen detenidos su madre María del Milagro Cuellar y su pareja, Franco Funes, quien enfrenta la imputación más grave en el expediente como principal sospechoso de haber provocado las lesiones que derivaron en la muerte del menor.
La causa también abrió otro frente de investigación vinculado a la actuación de los organismos estatales encargados de la protección de la infancia.
Con el correr de los días se conoció que Thiago había sido objeto de intervenciones y medidas de protección previas por parte de distintos organismos.
Esto generó cuestionamientos sobre si existieron fallas institucionales que impidieron evitar el desenlace fatal.
Las declaraciones públicas de funcionarias del área de niñez y de responsables de los organismos intervinientes alimentaron el debate sobre los mecanismos de seguimiento de los casos de vulnerabilidad infantil, mientras la investigación judicial busca establecer no solo las responsabilidades penales directas, sino también si existieron omisiones o incumplimientos por parte de quienes debían garantizar la protección del niño.
Con la incorporación de la querella particular, la familia paterna de Thiago espera tener una participación activa en el proceso judicial y seguir de cerca una investigación que, por su impacto social y las dudas que aún persisten, continúa siendo uno de los casos más sensibles que atraviesa la provincia.