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El abogado Santiago Pedroza, imputado en una causa que investiga una presunta asociación ilícita y maniobras de estafa vinculadas a la comercialización de lotes inhabitables e inundables en San Lorenzo, apeló la resolución del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta que dispuso la suspensión preventiva de su matrícula profesional por el plazo de seis meses. Sin embargo, la medida continúa vigente porque el recurso fue concedido con efecto devolutivo y no suspensivo.
Así lo confirmó a El Tribuno el presidente del Tribunal de Ética, Bernardo Solá, quien además aclaró que no participó de la resolución porque decidió excusarse al inicio del expediente.
"Yo me tuve que excusar porque el doctor Pedroza me denunció. El expediente siguió avanzando con uno de los integrantes suplentes, con lo cual no se interrumpió en absoluto el trámite", explicó.
Según detalló, la actuación del Tribunal de Ética comenzó luego de que el Consejo Directivo del Colegio de Abogados solicitara la apertura de un expediente para analizar si correspondía adoptar una suspensión preventiva a raíz de la situación procesal del profesional.
Solá hizo especial hincapié en diferenciar el procedimiento disciplinario del proceso penal que llevan adelante los fiscales Ramiro Ramos Ossorio y Esteban Martearena. Remarcó que el Tribunal de Ética no juzga la responsabilidad penal del abogado, sino que analiza si, frente a las circunstancias del caso, resulta conveniente que continúe ejerciendo la profesión mientras avanza la investigación judicial.
"La medida adoptada reviste carácter exclusivamente cautelar y preventivo, y no implica pronunciamiento alguno sobre la responsabilidad penal", afirmó. Incluso insistió en que el Colegio de Abogados no interviene en la determinación de la culpabilidad o inocencia del imputado. "Nosotros no tenemos nada que ver con el juicio penal", sostuvo.
También aclaró que la resolución tampoco constituye una sanción disciplinaria definitiva. "No implica pronunciamiento alguno sobre la responsabilidad penal ni disciplinaria del profesional involucrado hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo", señaló.
Respecto de los fundamentos jurídicos de la decisión, Solá explicó que el Tribunal aplicó el artículo 115 de la Ley 5412, que regula el ejercicio profesional de los abogados en Salta y habilita la suspensión preventiva de la matrícula cuando "los antecedentes del imputado y las circunstancias del caso demostraran la inconveniencia de su ejercicio profesional".
"Había elementos para avanzar en eso", afirmó. En ese sentido, explicó que el Tribunal solicitó informes a la Unidad Fiscal que investiga la causa y recibió la confirmación de que Pedroza se encontraba formalmente imputado y sometido a una medida de coerción.
La clave jurídica detrás de la suspensión
Uno de los aspectos que debió analizar el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Salta fue la aplicación del artículo 115 frente al nuevo sistema procesal penal en el caso de Santiago Pedroza.
Bernardo Solá recordó que la ley fue redactada cuando aún existía el auto de procesamiento, figura que desapareció con la implementación del sistema acusatorio. "El auto de procesamiento ya no existe", explicó.
Por ese motivo, señaló que el Tribunal interpretó que esa referencia debía entenderse hoy como aquellos actos procesales que exteriorizan la investigación sobre la probable participación del imputado en los hechos analizados por la Justicia, criterio que consideró satisfecho con la imputación formulada por la Fiscalía y la medida cautelar dispuesta por la Justicia.
Finalmente, Solá confirmó que Pedroza recurrió la resolución, aunque ello no modificó los efectos de la suspensión.
"La apelación fue concedida libremente y no con efecto suspensivo", explicó.
Por esa razón, añadió, la suspensión preventiva continúa plenamente vigente. "Está apelada, pero la suspensión sigue vigente hasta tanto el tribunal de alzada resuelva", concluyó.
La apelación será analizada ahora por el Juzgado Contencioso Administrativo y, eventualmente, podrá llegar a la Corte de Justicia de Salta como última instancia del proceso. Mientras tanto, Pedroza permanece suspendido para ejercer la abogacía en todo el territorio provincial.
"Nos informaron que existía una imputación y, además, una medida coercitiva de prisión preventiva bajo modalidad domiciliaria", indicó.