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El Tribunal de Impugnación II rechazó el pedido presentado por la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas para que dos de los imputados por la muerte del músico de Aguaray, Federico Villagra, quienes se encuentran con prisión domiciliaria, regresen a una unidad carcelaria.
La decisión benefició a Jesús Ortega y Sebastián Reinaga. En el caso del tercer imputado, Jorge Antonio Galván, ese beneficio ya había sido confirmado con anterioridad.
La apelación contra la resolución dictada por el juez Ricardo Hugo Martoccia había sido presentada inicialmente por la querella que representa a los padres del músico, fallecido en diciembre del año pasado. Ese planteo fue rechazado por el Tribunal de Impugnación, que el viernes pasado resolvió en el mismo sentido respecto del recurso interpuesto por el fiscal Gonzalo Vega.
El homicidio de Federico Villagra, de 33 años, quien murió tras permanecer diez días internado en el hospital San Vicente de Paul de Orán, constituye uno de los casos que expuso cómo las versiones difundidas en redes sociales pueden, en ocasiones, entorpecer una investigación judicial en lugar de contribuir al esclarecimiento de los hechos. De hecho, la propia Fiscalía solicitó una prórroga de cuatro meses para continuar con la investigación, al considerar que aún restan medidas para determinar con precisión cómo ocurrió el hecho.
La investigación se inició a partir de la versión de que Villagra había sido víctima de una brutal golpiza a la salida de un boliche, durante un denominado "after", en la ciudad de Aguaray.
Según esas primeras versiones, el joven fue atacado el 23 de noviembre de 2025 sobre avenida Celso Testa por un grupo de hombres, que lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. Luego, siempre de acuerdo con esa hipótesis, habría sido cargado en un vehículo y trasladado hasta un aserradero, donde fue abandonado debajo de un camión, del que logró salir para pedir ayuda.
Las cámaras de seguridad ubicadas en diferentes puntos de Aguaray -cuyas imágenes hubieran ayudado a esclarecer el caso Villagra-, no funcionan", denunció el letrado.
Las publicaciones en redes sociales sostenían que, como consecuencia de esa agresión, Villagra falleció el 6 de diciembre. A partir de la investigación impulsada por el fiscal Rafael José Medina, el juez de Garantías Fernando Mariscal Astigueta dictó la prisión preventiva para Jesús Ortega, Sebastián Reinaga y Jorge Antonio Galván, imputados como coautores del delito de homicidio simple.
Sin embargo, transcurridos más de seis meses de investigación, aún no pudo determinarse con certeza si los hechos ocurrieron de la forma en que fueron relatados inicialmente ni si las versiones difundidas en redes sociales reflejan lo sucedido. Por ese motivo, la Fiscalía GAP solicitó una prórroga de cuatro meses para continuar con las medidas investigativas y avanzar en el esclarecimiento del caso.
El abogado Gonzalo Maidana, defensor de Ortega, señaló que "la Fiscalía GAP pretendía que se revocara la resolución del juez Martoccia, quien hizo lugar al pedido de prisión domiciliaria, beneficio que finalmente quedó confirmado por el Tribunal de Impugnación".
Maidana sostuvo además que "la verdad de lo ocurrido dista mucho de la hipótesis que manejan la Fiscalía y la querella". En ese sentido, explicó que uno de los argumentos utilizados para solicitar el regreso a una unidad carcelaria fue el supuesto riesgo de fuga por tratarse de personas que residen en una zona de frontera.
"Ese argumento tiene bastante de discriminatorio. Todos los que vivimos en el departamento San Martín residimos en una zona de frontera y, con ese criterio, todos los habitantes de Salvador Mazza que sean investigados por cualquier delito deberían permanecer detenidos, algo que jurídicamente no puede sostenerse", afirmó.