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Quince años después de que los cuerpos de Cassandre Bouvier y Houria Moumni fueran encontrados en la Quebrada de San Lorenzo, el juicio que acaba de requerir el fiscal penal Pablo Paz para dos oficiales de la Brigada de Investigaciones, por actuaciones dolosas que desvirtuaron la búsqueda de la verdad real tras el doble femicidio de las jóvenes francesas, expone ante la sociedad salteña un sombrío capítulo de la Justicia salteña y su fuerza auxiliar.
¿Cómo aparecieron Wálter Omar Mamaní (entonces oficial auxiliar y luego premiado con ascensos por la Secretaria de Seguridad de la Provincia) y Juan de Dios Solano (jefe de la División Delitos contra la Propiedad de la Brigada de Investigaciones Nº 1) en la instrucción penal de un doble asesinato cuya investigación era ajena a su área de actuación: robos y hurtos?
¿Por qué están acusados ambos oficiales de una maquinación para desviar el foco de la investigación de un horrendo crimen que arrastra velos de impunidad con solo uno de los tres imputados, Gustavo Lasi, condenado? ¿Actuaron por motu propio o en el contexto de presiones políticas que Jean-Michel Bouvier, padre de Cassandre, denunció ante tribunales franceses con mención, entre otros funcionarios, al exgobernador Juan Manuel Urtubey, el exsecretario de Seguridad de aquellos años, Aldo Rogelio Saravia, y el juez a cargo de la instrucción penal, Martín Pérez?
Con estos y otros interrogantes detrás, el fiscal penal 1 del Distrito Centro, Pablo Paz, presentó la acusación y requirió un juicio contra Walter Omar Mamaní, acusado como presunto autor del delito de falsedad ideológica de instrumento público en concurso real (dos hechos), y Juan de Dios Solano, como presunto coautor de falsedad ideológica de instrumento público, por la inserción de datos falsos en un informe confeccionado en relación con un allanamiento realizado en agosto de 2011.
La acusación que acaba de presentar el Ministerio Público Fiscal de la Provincia contra ambos integrantes de la Brigada de Investigaciones sostiene que en ese procedimiento se habría documentado falsamente el hallazgo de un arma que luego fue incorporada a la causa por el doble homicidio de las jóvenes estudiantes e investigadoras de La Sorbona.
La investigación remite a un informe presentado el 12 de agosto de 2011 por el entonces comisario Néstor Eduardo Píccolo en la investigación por el asesinato de las ciudadanas francesas. En él puso en conocimiento que el sector donde Walter Omar Mamani y otros efectivos hallaron dos proyectiles había sido previamente registrado de manera exhaustiva, centímetro por centímetro, e incluso con un detector de metales. Esa circunstancia llamó su atención y lo llevó a advertir al juez de Instrucción sobre la firme presunción de que esos elementos fueron colocados posteriormente para desvirtuar el curso de la investigación penal.
Según la acusación fiscal, las actuaciones adquirieron especial trascendencia porque el arma cuyo supuesto hallazgo quedó documentado durante ese procedimiento fue posteriormente incorporada a la investigación por el doble femicidio, circunstancia que derivó en que el propietario de la vivienda allanada, Raúl Alfredo Sarmiento, fuera sometido a proceso en esa causa.
Mamaní, Losano y un extraño allanamiento
La orden de allanamiento que se ejecutó el 4 de agosto de 2011 en la vivienda de Raúl Sarmiento, en San Lorenzo, se desprendió de actuaciones por en una finca. En ese marco, Mamaní vinculó a Sarmiento con parte de los bienes denunciados como sustraídos y promovió el pedido de la orden judicial. El propio Mamaní estuvo a cargo de allanamiento y Juan de Dios Losano lo supervisó.
Según el acta de secuestro y el informe policial, la búsqueda de los elementos robados arrojó resultado negativo. No obstante, se dejó constancia del hallazgo, enterrado en el jardín, de un revólver calibre 22 con cinco vainas percutadas y dos cartuchos sin percutar.
Sarmiento negó que el arma le perteneciera y declaró que vio a un efectivo cavar un pequeño pozo junto a una higuera y a otro colocar allí el revólver envuelto en un trapo. Luego fue esposado y trasladado a la Brigada de Investigaciones. Agregó que la maniobra fue presenciada por su hijo y su nuera, y que dos policías intervinieron directamente mientras el resto del personal permanecía distribuido en distintos sectores de la vivienda.
Walter Mamaní fue condenado en mayo de 2022 a 3 años y 6 meses de prisión, por privación ilegítima de la libertad y falsedad ideológica.
El hombre declaró que, durante el juicio por el homicidio de las turistas francesas, le exhibieron el mismo revólver envuelto en el mismo trapo y afirmó que ninguno presentaba rastros de tierra, lo que reforzó que el arma nunca había estado enterrada en su domicilio.
En esa causa, la pericia balística determinó que el revólver había sido disparado y era apto para el disparo. Si bien se descartó correspondencia con el proyectil extraído del cuerpo de una de las jóvenes francesas, en la instrucción se estableció una correspondencia de identificación balística mediata con los proyectiles levantados en la Quebrada de San Lorenzo.