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La causa contra el abogado salteño Lucas Ignacio Molinas Grondona por una presunta trama de estafas procesales mediante pagarés y juicios ejecutivos sumó nuevos hechos y otros dos imputados. La investigación volvió a poner el foco en uno de los mecanismos centrales bajo sospecha: personas que aseguran haber firmado pagarés en blanco que posteriormente habrían sido completados con datos que desconocían y utilizados para reclamarles judicialmente deudas.
La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) amplió y modificó la imputación contra el letrado y una mujer que ya estaban siendo investigados, mientras incorporó a otros dos hombres a la causa.
La investigación está a cargo de la fiscal penal interina de la UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio. En la audiencia de formalización de la investigación estuvo la auxiliar fiscal Eugenia López Ahanduni.
Molinas Grondona quedó ahora imputado como coautor de estafas procesales reiteradas por 64 hechos en concurso real; otros 24 hechos de estafa procesal en concurso ideal con falsificación de instrumento privado y 50 hechos de estafa procesal en concurso ideal con abuso de firma en blanco.
La magnitud de la acusación creció considerablemente desde mayo. Al abogado se le atribuían 28 hechos de estafa procesal, 18 vinculados con falsificación de instrumento privado y 31 en concurso con abuso de firma en blanco.
En mayo, a Lucas Ignacio Molinas Grondona se le atribuían 31 hechos de estafa procesal vinculados con abuso de firma en blanco.
La mujer investigada también afronta una acusación ampliada: 48 hechos de estafas procesales en concurso real, 22 en concurso ideal con falsificación de instrumento privado y otros 48 en concurso ideal con abuso de firma en blanco.
A ellos se sumaron ahora dos hombres, imputados como coautores de estafas procesales reiteradas: a uno se le atribuyen 14 hechos y al otro, seis. Según la Fiscalía, ambos aparecen como parte actora en diferentes procesos ejecutivos que están siendo investigados.
Nuevos testimonios de personas demandadas indicaron que habían firmado pagarés en blanco que luego habrían sido completados con información que desconocían. Otros damnificados directamente negaron haber firmado los documentos que posteriormente fueron utilizados para iniciar acciones judiciales en su contra.
Con el avance de la investigación de la Udec en las últimas semanas, la acusación se amplió ahora a 50 hechos, informaron.
Este mecanismo ya había aparecido como uno de los puntos centrales de la investigación inicial. Según la hipótesis fiscal conocida en mayo, personas en situación de vulnerabilidad económica habrían accedido a préstamos informales y, como parte de la operación, se les habría exigido firmar pagarés en blanco. Esos documentos posteriormente habrían sido completados con montos y otros datos y utilizados para promover juicios ejecutivos.
Domicilios ajenos y juicios sin defensa
La investigación también detectó que en algunos de esos procesos se habrían consignado domicilios que no correspondían a los demandados.
De esa manera, las personas no tomaban conocimiento de la existencia del juicio y, por lo tanto, no podían ejercer su defensa. Los procesos avanzaban y podían derivar en resoluciones judiciales que disponían embargos sobre salarios, otros ingresos o bienes.
Testigos declararon que firmaron pagarés en blanco que luego habrían sido completados con datos que desconocían.
La causa no comenzó a partir de una denuncia aislada, sino de irregularidades detectadas dentro del propio Poder Judicial. Los titulares de los Juzgados Civiles y Comerciales de Procesos Ejecutivos advirtieron patrones que se repetían en expedientes bajo el patrocinio del mismo abogado. Entre ellos aparecía la utilización reiterada de determinados domicilios para personas demandadas diferentes.
Los jueces remitieron esa información a la UDEC y comenzó entonces el análisis de los expedientes.
Cuando la investigación tomó estado público en mayo, ya habían sido examinadas más de 70 causas judiciales y se habían realizado tareas de campo y cruces de información.
El 29 de abril también se concretaron allanamientos en 19 domicilios, entre ellos viviendas, inmuebles mencionados en los expedientes y un estudio jurídico.
En los procedimientos se secuestraron documentación, expedientes y pagarés vinculados con la investigación. En el domicilio de la mujer imputada también se habían encontrado cuadernos, carpetas, comprobantes bancarios y un talonario de pagarés en dólares.
La investigación había alcanzado además a Famosa Bankia SA, de acuerdo con los registros tenía a Molinas Grondona como único socio y a la mujer investigada como administradora suplente.