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Una joven mujer que logró salir airosa tras la muerte violenta de su pareja en el 2022, en donde un testigo clave -primo hermano de la víctima- declaró a su favor, haciendo imposible que la relacionen con las lesiones que presentaba su pareja, se encuentra detenida por una causa de narcotráfico a gran escala.
La banda de narcotraficantes capturada cuenta entre sus integrantes más comprometidos al entonces testigo clave, a la mujer del fallecido y acusada del crimen y a otro primo hermano de la víctima, además de otros integrantes muy allegados a un municipio del Valle de Lerma.
Más de 190 kilos de cocaína secuestrada
El nombre de Carolina de los Ángeles Salva volvió a aparecer en una causa de alto impacto. La mujer está implicada en la investigación por más de 190 kilos de cocaína secuestrada. Años atrás fue juzgada por la muerte de su pareja, Orlando Amaya, a quien asesinaron a golpes luego de desapoderarlo de vehículos, dinero y maquinarias y someterlo a un inhumano confinamiento en un pieza de inquilinato de La Merced, donde fue ajusticiado a golpes.
Salva aparece ahora entre las siete personas investigadas por la Justicia Federal, presuntos integrantes de una organización desarticulada el 21 de julio, después de meses de investigación y diez allanamientos en Capital y Cerrillos.
Fuentes señalaron a El Tribuno que los investigadores analizan su rol dentro de la estructura y sus relaciones con otros acusados.
Durante la pesquisa se habrían registrado encuentros de Salva con integrantes de la organización y se sabe estaba sobre el vehículo que iba cargado con cientos de millones de pesos en cocaína.
La Justicia federal dispuso la prisión preventiva de los siete acusados luego que el fiscal general federal Eduardo Villalba expusiera los elementos reunidos en la investigación.
La muerte de su pareja
El grave antecedente de Salva se remonta a diciembre de 2021. El 27 de ese mes llevó lesionado a Orlando Amaya hasta la casa de su madre, en La Merced. Sostuvo que su pareja se había golpeado accidentalmente.
Amaya fue trasladado al hospital de La Merced y derivado al San Bernardo, donde murió el 6 de enero de 2022.
La investigación puso bajo sospecha la explicación del accidente. Según sostuvo posteriormente la Fiscalía, la autopsia determinó como causa de muerte un traumatismo encéfalo craneano y detectó múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo, entre ellas fracturas en el tórax. La acusación consideró que sus características no resultaban compatibles con una caída accidental. También se encontraron rastros de sangre de Amaya en un colchón tirado en el piso y en toda la habitación.
Salva fue inicialmente imputada por homicidio agravado por la relación de pareja preexistente y permaneció con arresto domiciliario hasta el juicio. Durante los alegatos, el fiscal Leandro Flores modificó la calificación a homicidio preterintencional agravado y solicitó una pena de 10 años de prisión.
El juez Ángel Amadeo Longarte, sin embargo, la absolvió por el beneficio de la duda y ordenó su libertad.
La Corte consideró arbitraria la resolución
La defensa de Salva, encabezada por Rodrigo Palazzo, llevó el caso ante la Corte de Justicia de Salta.
El 4 de abril de 2024, la Sala II de la Corte hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad y consideró arbitraria la resolución de Impugnación. Entendió que no se había demostrado qué perjuicio concreto había provocado el intervalo entre el debate y la sentencia y destacó que esa irregularidad tampoco había sido planteada originalmente por la Fiscalía ni por la representación de la familia.
La Corte anuló la resolución del Tribunal de Impugnación y ordenó que otra sala dictara un nuevo pronunciamiento. Después de esa decisión, la defensa solicitó la libertad de Salva y el pedido fue concedido.
Por eso, con los antecedentes disponibles, puede afirmarse que Salva fue absuelta en el juicio y que posteriormente se sucedieron distintas resoluciones sobre ese fallo, pero no que aquella absolución haya quedado definitivamente firme.
Ahora Salva está nuevamente privada de su libertad, esta vez en una investigación de la Justicia Federal.
Seis meses de investigación
La causa comenzó en febrero y durante seis meses investigadores de la Unidad Fiscal Federal, la Policía de Salta y la Policía de Seguridad Aeroportuaria siguieron los movimientos de una presunta organización dedicada al transporte y comercialización de cocaína.
La pesquisa permitió detectar un supuesto taller de chapa y pintura sobre calle Gurruchaga que habría funcionado como centro logístico para acondicionar cargamentos y un inmueble sobre Alberdi al 1100 señalado como otro de los puntos utilizados por la organización.
El operativo decisivo se realizó el 21 de julio, cuando una Volkswagen Amarok fue interceptada sobre la ruta nacional 9, a la altura de Cabeza de Buey. En los procedimientos y allanamientos se secuestraron más de 190 kilos de cocaína, además de dinero en efectivo, dólares, armas, vehículos y teléfonos celulares.