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La venta no autorizada de actas de nacimiento, matrimonio y defunción derivó en una causa penal contra un asesor jurídico y dos empleados del área de Archivo del Registro Civil, además de un permisionario del estacionamiento medido.
La investigación comenzó en 2021, después de que una funcionaria del organismo denunciara que los documentos eran obtenidos a través de personal de la repartición y comercializados por fuera de los canales habilitados. Las actas debían tramitarse oficialmente y mediante el pago del arancel.
Los cuatro acusados se encuentran imputados por fraude en perjuicio de la administración pública, concusión y asociación ilícita.
La causa avanzó ahora con la realización de una audiencia multipropósito de prueba. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la auxiliar fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Eugenia López Ahanduni.
Durante la audiencia, el juez Marcelo Rubio admitió las pruebas presentadas por la Fiscalía.