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La investigación por el asesinato de las ciudadanas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, ocurrido en julio de 2011 en la Quebrada de San Lorenzo, volvió a registrar un avance con la coordinación de nuevas medidas entre la Justicia salteña y los tribunales franceses.
La fiscal penal María Luján Sodero, junto a los fiscales Pablo Paz y Daniel Espilocín, integrantes de la Unidad Fiscal creada para investigar el caso, mantuvo una videoconferencia con la jueza de instrucción de París, Emmanuelle Robinson, en el marco de la cooperación judicial internacional que se desarrolla a partir de la denuncia presentada por Jean-Michel Bouvier, padre de Cassandre.
Durante el encuentro se evaluó el estado de las investigaciones en ambas jurisdicciones y se analizaron los resultados de los estudios genéticos realizados en el laboratorio de la Gendarmería Nacional de Francia.
Según explicó días atrás el procurador general Pedro García Castiella, el informe remitido desde Francia aporta dos conclusiones centrales. La primera es la confirmación de que ambas jóvenes murieron el mismo día en que ingresaron a la Quebrada de San Lorenzo, un dato que fortalece la reconstrucción de la secuencia del crimen. La segunda es que los dos perfiles de ADN sobre los que durante años se sostuvo que no habían sido investigados no guardan relación con la escena del crimen.
“Creo que esos son los dos aportes más importantes del informe. Y, además, este intercambio con los especialistas franceses nos confirma que estamos transitando un camino correcto para llegar a la verdad”, sostuvo García Castiella a El Tribuno.
Presunta falsificación de pruebas
Como parte de la investigación integral del caso, los fiscales salteños también informaron a la magistrada francesa sobre el avance de las causas conexas en las que se encuentra imputado personal policial por falsedad ideológica y apremios ilegales, expedientes que quedaron bajo la órbita de la misma Unidad Fiscal por disposición del Procurador General.
En ese marco, el fiscal Pablo Paz presentó recientemente la acusación formal y solicitó la apertura a juicio contra Walter Omar Mamani, acusado de falsedad ideológica de instrumento público en concurso real por dos hechos, y contra Juan de Dios Solano, señalado como presunto coautor del mismo delito.
La investigación apunta a determinar si durante un procedimiento realizado en agosto de 2011 se documentó falsamente el hallazgo de un arma que luego fue incorporada al expediente por el crimen de las turistas francesas, maniobra que terminó vinculando y procesando al propietario de la vivienda allanada, Raúl Sarmiento.
Para los investigadores, el expediente busca establecer si existió una maniobra destinada a desviar el foco de la investigación de uno de los casos más emblemáticos de la historia judicial salteña.
El interrogante alcanza también a si esas acciones pudieron producirse en un contexto de presiones políticas e institucionales, tal como denunció Jean-Michel Bouvier ante los tribunales franceses, donde mencionó, entre otros funcionarios de la época, al exgobernador Juan Manuel Urtubey, al exsecretario de Seguridad Aldo Rogelio Saravia y al entonces juez de la causa Martín Pérez.
Cooperación judicial en marcha
La videoconferencia entre los fiscales salteños y la jueza Robinson permitió coordinar nuevas acciones para el avance de la investigación que se desarrolla en Salta y de la causa abierta en los tribunales de París, consolidando un esquema de cooperación judicial que continúa activo quince años después del crimen.
Con un único condenado por el doble homicidio, Gustavo Lasi, y con nuevas líneas de investigación aún abiertas, tanto las autoridades salteñas como las francesas mantienen el objetivo de profundizar el esclarecimiento del caso y determinar si existieron irregularidades durante la investigación original.