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Tres hombres acusados de participar en distintas maniobras de estafas inmobiliarias y financieras en Salta deberán afrontar reparaciones económicas por más de 41 millones de pesos destinadas a los damnificados, luego de los acuerdos alcanzados entre la Fiscalía, las defensas y las partes afectadas.
La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, intervino en el juicio seguido contra Carlos Adrián Huergo, Julio César Aldecoa y Mario Gustavo Maldonado, quienes estaban acusados por distintos hechos de estafa y, en el caso de Huergo, también por administración fraudulenta, estafas reiteradas y falsificación de instrumento privado.
Durante la audiencia, las partes acordaron mecanismos alternativos al juicio oral que contemplan la reparación económica de los diez damnificados involucrados en las diferentes causas.
Reparación económica
La jueza del Distrito Judicial Centro, Cecilia Flores Toranzos, hizo lugar a los acuerdos y dispuso la suspensión del juicio a prueba para Huergo por dos años y para Aldecoa por un año, condicionada al cumplimiento de las reparaciones económicas y de distintas reglas de conducta.
En el caso de Carlos Adrián Huergo, la reparación asciende a 31 millones de pesos en favor de seis damnificados, mediante distintos planes de pago que contemplan mecanismos de actualización.
Además, deberá realizar tareas comunitarias durante seis meses en una institución religiosa y acreditar su cumplimiento ante la Oficina Judicial.
Por su parte, Julio César Aldecoa deberá abonar un total de 9 millones de pesos a tres damnificados, como parte del acuerdo alcanzado para reparar el perjuicio económico generado.
En tanto, respecto de Huergo y Mario Gustavo Maldonado, la magistrada tuvo presente otro acuerdo conciliatorio con uno de los damnificados, que contempla la entrega del dinero que se encontraba embargado en una cuenta judicial y el pago adicional de 1,5 millones de pesos en tres cuotas.
Una vez que se acredite el cumplimiento total de los acuerdos, la Fiscalía deberá analizar la continuidad de la acción penal.
Las maniobras investigadas
Las causas se iniciaron a partir de denuncias vinculadas con operaciones inmobiliarias y propuestas de inversión que, según la investigación de la UDEC, no llegaron a concretarse.
Uno de los expedientes tiene como acusado a Huergo, quien había sido contratado para desempeñarse como desarrollador de un loteo ubicado en barrio Intersindical y realizar las gestiones necesarias para su comercialización.
De acuerdo con la investigación, aprovechando la ausencia del propietario, habría vendido lotes y recibido dinero por esas operaciones sin entregar los fondos correspondientes a quien debía recibirlos.
Además, fue investigado por otras operaciones realizadas mediante empresas dedicadas al desarrollo inmobiliario. En esos casos, distintas personas denunciaron haber abonado terrenos que finalmente no fueron entregados y haber recibido propuestas para reemplazarlos por otros inmuebles que tampoco llegaron a concretarse.
Presunta estafa con inversiones
Otra de las causas estuvo vinculada al ofrecimiento de inversiones con una supuesta alta rentabilidad.
Según la investigación fiscal, se ofrecía a los inversores la devolución del capital aportado más un 20% de ganancia. Uno de los damnificados entregó dólares y pesos bajo esa modalidad, pero posteriormente no logró recuperar el dinero.
En ese expediente fueron acusados Huergo, Aldecoa y Maldonado.
Reglas de conducta y control judicial
Además de las reparaciones económicas, Huergo y Aldecoa deberán cumplir una serie de obligaciones durante el período fijado por la Justicia.
Entre ellas se encuentran fijar residencia y comunicar cualquier modificación, abstenerse del consumo de alcohol y estupefacientes, no cometer nuevos delitos y no salir del país sin autorización judicial.
El cumplimiento será supervisado periódicamente por la Oficina Judicial y, en caso de incumplimientos, podría revocarse el beneficio otorgado y continuar el proceso penal.