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Un hombre de 25 años que cumplía arresto domiciliario con tobillera electrónica por una causa de tentativa de femicidio rompió el dispositivo de control, huyó de la vivienda donde debía permanecer y fue detenido posteriormente por la Policía en la zona este de la ciudad de Salta. El episodio pone en discusión el funcionamiento del monitoreo de personas bajo arresto domiciliario.
La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria, donde el acusado fue imputado por los delitos de evasión y amenazas en concurso real. La jueza Paola Marocco hizo lugar al pedido de la Fiscalía y dictó la prisión preventiva, considerando los antecedentes delictivos del imputado y la gravedad del incumplimiento.
El acusado ya estaba siendo investigado por el delito de tentativa de homicidio doblemente calificado por la relación de pareja y por mediar violencia de género contra una mujer con la que mantenía una relación. Según la investigación, existían antecedentes de otros episodios violentos en perjuicio de la víctima.
Durante la audiencia anterior, el hombre había sido beneficiado con arresto domiciliario bajo monitoreo electrónico. Sin embargo, días atrás su madre -quien había asumido la caución personal- llamó al Sistema de Emergencias 911 para informar que su hijo se había comportado de manera agresiva, destruyó la tobillera electrónica y abandonó el domicilio. Recién después de la alerta policial fue localizado y detenido.
Otro que incumplió una condena condicional
A este episodio se suma otra causa conocida esta semana. Un hombre de 28 años fue condenado por el delito de hurto calificado por escalamiento en grado de tentativa y recibió una pena de ocho meses de prisión efectiva tras reconocer su responsabilidad en un juicio abreviado.
Sin embargo, el dato que volvió a generar cuestionamientos es que el acusado ya contaba con una condena previa de tres años de prisión de ejecución condicional. Al cometer un nuevo delito, el juez resolvió revocar ese beneficio y unificar ambas penas, imponiéndole una condena única de tres años y ocho meses de prisión efectiva, además de declararlo reincidente por primera vez.
El fiscal penal 6 del Distrito Centro, Martín Ávila, intervino en la audiencia. El magistrado ordenó el traslado inmediato del condenado a la Unidad Carcelaria N.º 1 y dispuso la extracción de una muestra de ADN para incorporarla al Banco de Datos Genéticos.
Detectado en la calle
Un tercer episodio ocurrió en Metán. Personal de la División Seguridad Urbana realizaba un patrullaje preventivo cuando un transeúnte alertó que un hombre se encontraba dentro de las oficinas de EDESA, pese a que debía cumplir prisión domiciliaria.
Los efectivos localizaron al sospechoso, quien al advertir la presencia policial intentó retirarse del lugar aprovechando la confusión. Fue demorado a pocos metros y, tras verificar su situación judicial, se confirmó que estaba beneficiado con prisión domiciliaria y se encontraba incumpliendo el régimen impuesto por la Justicia.
El hombre fue trasladado nuevamente a la sede policial, mientras se informaba el incumplimiento a las autoridades judiciales correspondientes.