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Durante la octava jornada del juicio contra el abogado Martín Miguel Poma Ovejero, comenzó el tratamiento de la tercera causa acumulada en su contra, vinculada a una presunta maniobra irregular en la venta de un terreno ubicado en un loteo de General Güemes. El acusado enfrenta cargos por estafa y falsificación de documento privado en concurso ideal.
La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representa al Ministerio Público Fiscal en el proceso, que reúne tres expedientes diferentes. La primera causa está relacionada con la sustracción de una camioneta secuestrada desde el Canchón Municipal y tiene otros tres acusados, mientras que la segunda corresponde a hechos de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar y desobediencia judicial.
En esta nueva etapa del debate, la acusación sostiene que Poma Ovejero habría intervenido en la comercialización de un terreno sin contar con autorización del propietario. Según la investigación, habría recibido dinero por la operación y luego incorporado al boleto de compraventa una firma falsa atribuida al titular del inmueble y una certificación notarial de firmas correspondiente a una escribana fallecida en 2010.
Durante la audiencia declaró el comprador del terreno, quien relató que llegó a la operación luego de que su hijo encontrara una publicación en Facebook. Explicó que posteriormente se reunió en el loteo con una mujer vinculada a la venta y con el abogado, quienes le mostraron el inmueble y le informaron el valor.
Según su testimonio, ese mismo día entregó $170.000 por el terreno y $17.000 en concepto de gastos administrativos. La documentación inicial fue firmada por él y por Poma Ovejero. Luego debía trasladarse a Salta para concretar el boleto de compraventa ante una escribana.
El comprador indicó que, mientras se encontraba en viaje, recibió una comunicación en la que le informaron un cambio de escribanía y una nueva dirección. Al llegar al lugar, le dijeron que el propietario del terreno estaba demorado y, debido a que debía regresar a General Güemes, firmó una hoja en blanco con la promesa de que la documentación sería completada y entregada después.
Días más tarde recibió el boleto de compraventa en su domicilio. Su hijo fue quien advirtió que la firma atribuida al propietario del inmueble no coincidía con la que conocía de operaciones anteriores.
El hijo del comprador también declaró y confirmó que había adquirido previamente otros dos terrenos en el mismo loteo, motivo por el cual conocía la firma del titular. Aseguró que luego consultó al propietario, quien le manifestó que la firma no le pertenecía y que la persona que había participado en la operación ya no comercializaba terrenos del lugar.
Además, relató que intentaron comunicarse con Poma Ovejero para reclamar la devolución del dinero y que acordaron un encuentro en un estudio jurídico, aunque finalmente la reunión no se concretó.
Por último, el abogado solicitó declarar ante el tribunal y rechazó las acusaciones en su contra. Sostuvo que su participación se limitó a su rol profesional como abogado y afirmó que el conflicto habría surgido a partir de un problema societario entre las personas involucradas en la operación inmobiliaria.
Fuente: Fiscales Penales