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El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, imputó a una agente policial y un hombre como presuntos coautores de los delitos de estafa y extorsión. A la mujer le atribuyó además el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La investigación se inició a partir de la denuncia de una integrante de la Policía que pretendía ser trasladada al Departamento Bicipolicías. Según relató, una compañera de trabajo le habría proporcionado el número telefónico de una persona identificada como "Sonia", a quien habría presentado como vinculada con la Dirección General de Recursos Humanos y con posibilidades de gestionar el cambio de destino.
A través de ese contacto le habrían solicitado $700.000 para gestionar el traslado, suma que transfirió en dos pagos, de $200.000 y $500.000, a una cuenta bancaria perteneciente al hombre imputado. Al no concretarse el cambio de destino, la mujer decidió desistir del supuesto trámite y entonces le habrían exigido otros $250.000 para cancelarlo. Ante esta situación, la mujer realizó averiguaciones sobre el número utilizado para gestionar el supuesto traslado y obtuvo información que habría permitido relacionarlo con la agente policial que inicialmente le había proporcionado el contacto.
El fiscal sostiene que la agente habría utilizado un número alternativo y una identidad ficticia para simular que contaba con contactos dentro de la fuerza capaces de gestionar traslados.
El análisis bancario permitió reconstruir la ruta del dinero. La cuenta utilizada para recibir los pagos pertenecía al otro imputado y, según los informes incorporados, los fondos recibidos de la denunciante habrían sido posteriormente transferidos a la agente policial. Para la Fiscalía, este movimiento constituye uno de los elementos que vinculan a ambos con la maniobra investigada.