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La causa federal por la red de trata sexual que captaba alumnas de distintos colegios secundarios tanto públicos como privados en Salta podría llegar a juicio durante el primer semestre de 2027. El análisis de los teléfonos celulares es clave.
Así lo estimó una fuente ligada a la investigación, que explicó que el fiscal solicitó una prórroga de tres meses y que todo dependerá de los planteos que realicen las defensas y del cumplimiento de las distintas etapas procesales posteriores a la acusación, aunque consideró posible que la Fiscalía pueda presentarla en noviembre próximo, por lo que el juicio podría empezar el primer semestre del año que viene.
El análisis de los celulares, una de las claves
Añadió que faltan algunas pruebas, pero que todavía hay tiempo para analizarlas. Además, se han ampliado las acusaciones.
Uno de los principales desafíos para cerrar la investigación está en el análisis de la prueba digital. Los dispositivos secuestrados contienen grandes cantidades de información que debe ser revisada de forma minuciosa. "Hay mucha información que no sirve en los teléfonos pero para saberla hay que ver toda", sostuvo la fuente.
Según explicó la fuente consultada, los teléfonos pueden almacenar gigas de conversaciones, imágenes, videos, contactos y otros registros. Por eso, no alcanza con extraer la información: es necesario analizarla exhaustivamente y separar la evidencia relevante de aquella que no tiene relación con los hechos, lo cual lleva tiempo.
La causa fue declarada compleja por la cantidad de personas involucradas, el volumen de información y la necesidad de avanzar con especial cuidado en las declaraciones de las víctimas.
Actualmente son nueve los imputados en la causa. Sarapura, Chorolque, Saravia, Chibán, Córdoba, Basalo Córdoba y Pol permanecen detenidos con prisión preventiva efectiva, mientras que Colque y Coria cumplen la medida bajo prisión preventiva domiciliaria.
Durante el avance de la investigación también se ampliaron las acusaciones. Según la fuente ligada al caso, Chibán, Saravia y Chorolque fueron alcanzados por nuevas imputaciones vinculadas con abusos sexuales. En el caso de Chibán, además, se incorporó la figura de insolvencia fraudulenta, relacionada con una presunta maniobra destinada a evitar el pago de reparaciones a las víctimas.
Cómo comenzó la investigación
La primera denuncia del caso se radicó el 26 de junio de 2025, después de que una madre encontrara información en el teléfono de su hija y comenzara a preguntarle qué estaba ocurriendo. La adolescente habría revelado entonces que estaba siendo explotada sexualmente. La denuncia permitió identificar inicialmente a un remisero y, a partir de allí, avanzar sobre otras personas presuntamente vinculadas con la estructura investigada.
Con el avance de las medidas investigativas y la incorporación de nuevas declaraciones, la causa llegó a reunir 33 víctimas. Algunas adolescentes, sin embargo, decidieron no continuar con su participación en el proceso y no prestaron declaración, entre otros motivos, porque no querían que sus familias conocieran lo sucedido. Según la información aportada, actualmente serían alrededor de 28 las víctimas que permanecen vinculadas al proceso.
La decisión de algunas adolescentes de no declarar es respetada en el marco de la causa. En investigaciones de esta naturaleza se procura, además, evitar la revictimización y reducir al mínimo la exposición de quienes atravesaron situaciones de violencia y explotación. Por ese motivo, las víctimas que deben prestar declaración cuentan con mecanismos especiales destinados a preservar su intimidad y evitar la reiteración innecesaria del relato, entre ellos el sistema de circuito cerrado de televisión.
El camino hacia el juicio
Si la Fiscalía logra completar la investigación y presenta la acusación hacia fines de noviembre, comenzará la etapa de control de acusación y los trámites posteriores para la apertura del juicio.
La fuente ligada al caso explicó que, teniendo en cuenta los plazos procesales y el estado actual del expediente, el juicio podría comenzar durante el primer semestre de 2027.
La fecha todavía no está determinada y podría modificarse si aparecen nuevas medidas de prueba o se presentan planteos de las defensas. Sin embargo, el escenario que hoy manejan quienes siguen de cerca la causa es que el expediente pueda llegar a la instancia de debate durante los primeros meses del próximo año.
Penas que podrían superar los 20 años
La multiplicidad de hechos investigados también podría tener impacto en las eventuales penas.
La fuente explicó que se analiza un posible concurso real de delitos, es decir, diferentes hechos cometidos en distintos momentos que pueden ser considerados conjuntamente al establecer una eventual pena.
A la acusación principal por trata de personas con fines de explotación sexual se suman, según cada caso, los abusos sexuales y otros delitos. Por la cantidad de hechos y víctimas, la fuente estimó que los acusados podrían recibir penas superiores a los 20 años, aunque la calificación definitiva y las condenas dependerán de lo que eventualmente se pruebe en el juicio.
Un celular destapó la red de trata
La primera denuncia del caso se radicó el 26 de junio del año pasado, cuando la mamá de una de las víctimas se mostró sorprendida por el celular de alta gama que tenía su hija y, al revisarlo, vio mensajes de índole sexual.
Los acusados hacían pedidos sobre los aspectos físicos que supuestamente debían cumplir las adolescentes, les exigían determinado vestuario y las forzaban a ingerir "un cóctel de drogas".
La causa investiga también presuntas fiestas sexuales. Entre los escenarios mencionados, de alto poder adquisitivo, aparecen Campo Quijano, el dique Cabra Corral y San Lorenzo, según la investigación federal.