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Un interno del Complejo Penitenciario Federal NOA III de la localidad salteña de General Güemes fue condenado a 6 años de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por haberse cometido en un lugar de encierro. La pena fue unificada con una condena anterior y quedó establecida en 8 años y 6 meses de prisión.
La decisión fue adoptada el 27 de agosto pasado por el juez federal de la Sala I del Tribunal de Revisión, Santiago French, quien homologó el acuerdo pleno presentado por el fiscal general con funciones de coordinación en el Distrito Salta, Eduardo José Villalba, y la defensa oficial. El condenado, David Gabriel Moreno, además fue declarado reincidente por segunda vez.
Moreno tenía vínculos con una organización narcocriminal que operaba dentro de esa cárcel federal y que fue desbaratada a partir de una investigación de la Fiscalía de Distrito Salta, encabezada por Villalba y con la intervención de la auxiliar fiscal Roxana Gual. En junio de 2025, ocho internos y una mujer fueron imputados por integrar una estructura dedicada al ingreso y comercialización de estupefacientes dentro de la unidad penitenciaria.
La investigación por la que Moreno fue condenado comenzó a partir de dos hechos ocurridos dentro del complejo penitenciario.
El primero tuvo lugar el 18 de agosto de 2024, cuando personal penitenciario advirtió que el interno regresaba del salón de visitas hacia el sector Polimodal de Tratamiento, Pabellón A, con un bulto oculto a la altura de la cintura. Durante la requisa, realizada con control judicial, se encontraron 114 gramos de marihuana y más de 30 gramos de cocaína.
El segundo hecho ocurrió el 18 de febrero de 2025. En esa oportunidad, durante un control mediante el sistema de "body scan" (escaneo corporal), se detectó que Moreno llevaba otro envoltorio que contenía 82 gramos de marihuana.
La investigación penal seguida contra Moreno fue formalizada por la fiscalía el 27 de febrero pasado. El peritaje químico determinó que la cantidad total de estupefacientes secuestrada equivalía a más de 2.700 dosis.
De acuerdo con la acusación, además de los elementos secuestrados, la fiscalía reunió declaraciones testimoniales y datos extraídos del celular del imputado que permitieron acreditar sus vínculos con la organización dedicada a la comercialización de drogas dentro del penal.
El 29 de julio pasado, durante la audiencia de control de la acusación, la defensa manifestó su intención de arribar a una solución alternativa del conflicto, en los términos previstos por el CPPF.
El 12 de agosto, el fiscal general Villalba presentó ante el juez federal de Revisión Guillermo Elías los términos del acuerdo. Propuso una pena unificada de 8 años y 6 meses de prisión, y la reincidencia por segunda vez.
Indicó que, más allá de la conformidad dada por el acusado, "hay suficientes pruebas que acreditan su responsabilidad penal", entre las que mencionó las declaraciones de testigos y datos extraídos de su celular, que confirman su vínculo con una red de venta de drogas que operaba en esa unidad carcelaria.
Unificación y controversia de condena
El juez Elías no homologó inicialmente el acuerdo. Ponderó la labor del MPF de combatir la comercialización de drogas dentro del penal, pero en cuanto a la situación de Moreno, dio a entender que, pese a ser reincidente por segunda vez, el acuerdo le era por demás favorable. En consecuencia, impuso la pena de seis años de prisión y difirió la unificación. La fiscalía impugnó esa decisión al considerar que modificaba los términos del acuerdo celebrado con el imputado y podía resultar más gravosa para él.